EL SAQUEO DE UNA INSTITUCIÓN

La Fiscalía reclama el ingreso en prisión de Millet y Montull

Millet y Montull, durante la vistilla de ayer en el Palacio de Justícia.

Millet y Montull, durante la vistilla de ayer en el Palacio de Justícia.

J. G. Albalat

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La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la Audiencia de Barcelona el ingreso en prisión del expresidente del Palau de la MúsicaFélix Millet, el que era su mano derecha, Jordi Montull; su hija, Gemma Montull, y el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, todos ellos condenados a penas de cárcel por el expolio de la entidad cultural y la financiación ilegal de Convergència a través de la misma. La acusación pública, además, reclama al tribunal de la Sección 10, que juzgó el caso, que haga los requerimientos oportunos para hacer efectiva la responsabilidad económica fijada en la sentencia, tanto la responsabilidad civil, en concreto 23 millones de euros a Millet y Montull, así  como el comiso de 6,6 millones de euros a CDC.

Los abogados defensores, sin embargo, plantearán la suspensión de la ejecución de la sentencia, según las fuentes consultadas por este diario. Montull, de 77 años, ya lo ha hecho y ha argumentado el aplazamiento de su ingreso en prisión por el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus. En el caso de Millet, se solicitará  esta medida debido a su "grave" estado de salud y absoluta dependencia, mientras que en el supuesto de Osàcar se aludirá las enfermedades de padece y su avanzada edad.  En cuanto a Gemma Montull, se instará a que no entre en prisión porque las penas impuestas no superan individualmente los dos años de prisión. Al final, son los magistrados quienes deberán decidir.

El Tribunal Supremo empezó en noviembre del año pasado a revisar las condenas impuestas por la Audiencia de Barcelona en el 2017 por el saqueo del Palau de la Música y este abril dictó la sentencia. Los magistrados básicamente las ratifica: confirma el comiso de 6,6 millones de euros a CDC y las penas a los máximos responsables de la institución Félix Millet y Jordi Montull a 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones y a 7 años y medio de cárcel y multa de 2,9 millones, respectivamente. Además ambos deben devolver al Palau los 23 millones que le saquearon.

Los pocos cambios que introduce la sentencia del Supremo sobre la dictada por la Audiencia de Barcelona consisten en rebajar en medio año la condena de la exresponsable financiera del Palau Gemma Montull que queda en 4 años, con multa de 2,6 millones de euros. Y la del extesorero de CDC Daniel Osàcar que pasa de 4 años y 5 meses a 3 años y medio, al ser absuelto del delito de tráfico de influencias. Se le mantiene la multa de 3,7 millones de euros. Esta rebaja se basa en que, según el tribunal, "no consta acreditado" que Ferrovial abonara comisión alguna por obra adjudicada después de que él asumiera la tesorería del partido, pero "sí que en esa condición hizo llegar a Convergència, con maniobras de diversa índole, entre las que se encontraban la mendacidad documental, las comisiones que abonaba de modo aplazado" la constructora "por obras adjudicadas con anterioridad a ser nombrado tesorero".

Canalización de fondos

La Audiencia de Barcelona declaró probado que los responsables del Palau se aprovecharon de la entidad para viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas o el desvío directo de fondos al patrimonio particular de Millet y Montull, que también le vendieron locales propios a un precio superior al de mercado. Por si eso no era suficiente, se encargaron de establecer y canalizar un sistema por el que Ferrovial pagara comisiones del 4% del presupuesto de la obra adjudicada por la Generalitat o por los ayuntamientos gobernados por CDC. 

Esos "abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau" y "Millet y Montull percibían por su intervención generalmente el 1,5%", mientras que "el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergencia, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados" al partido como si correspondieran al Palau, sostiene la sentencia.