Llega al Supremo la primera denuncia contra Sánchez por el 8-M

Solo un día después de que la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitiese su denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, <strong>José Manuel Franco</strong>, por haber permitido concentraciones en la ciudad, como la del 8-M, el abogado Víctor Valladares ha interpuesto otra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

Valladares, que en este momento no ejerce como abogado, por lo que ha interpuesto las denuncias como particular, ha hecho caso a la magistrada que en su auto de admisión a trámite le recordaba que los miembros del Ejecutivo solo pueden ser investigados por la Sala Segunda del alto tribunal. Su objetivo es que se adhieran a ella todos los afectados por el coronavirus para lo que, además, trabaja en la constitución de una asociación que les represente, según señaló él mismo a este diario.

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La presentación de la denuncia ha coincidido con la reaparición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras recuperarse del covid-19, que ha acusado a la derecha y la extrema derecha de utilizar la pandemia para "intentar atacar al feminismo y a las mujeres".

Montero tenía en mente a Vox, pero también al PP que ha pedido al Gobierno la lista de todos los "eventos multitudinarios autorizados y celebrados" en la Comunidad de Madrid entre el 15 de febrero y el 9 de marzo. Varios de sus dirigentes han criticado expresamente al Ejecutivo por permitir el 8-M, pese a que el número de muertos y contagiados era ya significativo aquel fin de semana.

Cooperador necesario

Valladares ha hecho algunos ajustes en la denuncia original, que se dirigía contra Sánchez y los delegados del Gobierno de todas las comunidades autónomas, por haber permitido concentraciones de personas entre el 5 de marzo y cuando se declaró el estado de alarma, pese a que el día 2 el Consejo Europeo para el control y prevención de enfermedades había remitido a España un informe advirtiendo sobre el coronavirus.

En la relativa a Sánchez, de 47 páginas, le considera cooperador necesario de los delitos cuya autoría atribuye a los delegados del Gobierno. También incluye otro informe del día 6 del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias de la Agencia Española de Medicamentos, que desconocía cuando interpuso la denuncia original.

La magistrada Rodríguez-Medel admitió a trámite al iniciativa solo en lo relativo al delegado del Gobierno de Madrid que es al único que tiene competencia para investigar. También ordenaba a la Guardia Civil una serie de diligencias para practicarse, una vez levantado el estado de alarma.