El TC vuelve a enviar a Torrent a fiscalia

El Tribunal Constitucional ha apretado el acelerador con los asuntos catalanes pendientes. El primer día del pleno de esta semana ha adoptado varias decisiones. La primera ha sido volver a remitir a Fiscalía la tramitación por la Mesa del Parlament de una moción a favor de la autodeterminación, lo que puede suponer la apertura de otra causa penal contra el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. También se ha levantado la paralización de la revisión de las leyes catalanas impugnadas, después de que el pleno haya rechazado la recusación de uno de sus 12 magistrados, Andrés Ollero, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. 

El pleno, además, ha estudiado tres de los recursos de amparo presentados por varios de los líderes del 'procés', se trata en concreto de los presentados por Raül Romeva y Jordi Sànchez, y de uno del huido Carles Puigdemont, cuya anterior impugnación fue rechazada por no haber agotado la vía jurisdiccional previa antes de llegar al tribunal de garantías constitucionales.

En esta ocasión la deducción de testimonio a la Fiscalía para determinar si Torrent cometió un delito de desobediencia obedece a los acuerdos de la Mesa del Parlament del 29 de octubre y 5 de noviembre que permitieron la tramitación de la moción, pese a que había sido suspendida por el alto tribunal y el presidente de la Cámara y los miembros de la Mesa apercibidos de la responsabilidad, incluso penal, en la que podían incurrir en caso de no impedirlo.

Al igual que la vez anterior, además de para perseguir a Torrent, el Constitucional también ha remitido a Fiscalía las actuaciones contra el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós. La diferencia es que en esta ocasión el alto tribunal también pide al ministerio público que se pronuncie sobre la secretaria cuarta de la Mesa, Adriana Delgado.

Recusación rechazada

El ponente del auto ha sido Andrés Ollero, al que la Generalitat trató de apartar de la resolución de todos los recursos pendientes contra leyes del Parlament, por el voto particular con el que discrepó de la mayoría que avaló el Código Civil catalán. La recusación, admitida a trámite antes de navidades, significó la paralización de la resolución de estas impugnaciones, como la presentada contra el Código Tributario catalán, durante estos meses. 

La Generalitat basó la recusación en que el magistrado de talante conservador le había acusado de "supremacista" en su voto particular contra la sentencia que anuló el procedimiento notarial previsto en el Código Civil.