El catalanismo moderado propone incluir el derecho de secesión en la Constitución
El documento político de 'El país que volem' propone cerrar la puerta a la vía unilateral y abrir grandes consensos
![Asistentes a la presentación de la plataforma 'El país de demà' hacen cola en el monasterio de Poblet](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6096c03d-84cb-4661-9b22-c1f82bea7fa6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Asistentes a la presentación de la plataforma 'El país de demà' hacen cola en el monasterio de Poblet / periodico
Reformar la Constitución española para incluir el derecho a la secesión o lograr un pacto con el Estado para celebrar un referéndum sobre la independencia. Esta es la principal propuesta política de "El país de demà", la plataforma impulsada, entre otros, por dirigentes moderados del PDECat.
El documento discutido el pasado sábado en Poblet, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, apuesta por recuperar los grandes consensos, formula una crítica la actuación del Estado contra el independentismo y censura a los líderes del ‘procés’ por persistir en una vía unilateral que tachan de "autoengaño y victimismo" propio de una actitud "populista y antipolítica".
El extenso texto defiende la legitimidad de la independencia de Catalunya si bien también abre la puerta a "escenarios intermedios" como podrían ser "una reforma constitucional que reconociera un estatus singular de Catalunya como comunidad nacional". La propuesta principal consiste en reformar la Constitución para permitir el "derecho de secesión". Cita como precedente la doctrina de "claridad" de Canadá que permite ejercer el derecho de secesión a partir de un acuerdo político que establezca las condiciones de un referéndum de independencia que, si resulta favorable a la separación, obligar a negociar como implementarla.
Otra alternativa propuesta es un pacto con el Estado para celebrar un referéndum consultivo sobre la independencia, opción que considera viable en el actual marco constitucional.
Pacto de "convivencia"
El documento propone también un "pacto de convivencia" con el Estado basado en el reconocimiento de Catalunya como realidad nacional recuperando la parte del Estatut del 2006 considerada inconstitucional, y transfiriendo competencias en educación, lengua, cultura, derecho civil e inmigración, entre otras.
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