La defensa de Cuixart apela al "conflicto entre Catalunya y España" del otoño de 2017

La abogada Marina Roig, en nombre del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sostuvo que "en el otoño de 2017 se produjo un conflicto político de gran calado entre Catalunya y España", por el que una gran parte de la sociedad catalana salió a la calle a protestar sin incurrir en la violencia. "Criminalizar la movilización popular es un graver error que puede tener consecuencias nefastas", añadió.

La letrada admitió que "esos días se movieron en el límite de la suspensión de derechos. Una parte importante de la ciudadanía, independentistas y no independentistas, salieron a la calle a defender su compromiso con las instituciones catalanas" ante lo que consideraron un ataque, en el que incluyó sin citarla la operación Anubis por la que se realizaron detenciones y registros, entre ellos el de la Conselleria de Economia el 20 de septiembre.

Juicio del 'procés': Alegatos finales de los acusados | Directo con 'streaming'

Previamente había esgrimido la Constitución para enmarcar la conducta de su defendido en el derecho de reunión y lamentó que las acusaciones traten de encajar su actuación en un tipo delictivo cuando es el mero ejercicio de un derecho fundamental. "La defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales", aunque las manifestaciones que se le atribuyen sean para reclamar la autodeterminación de Catalunya. [Sigue el final del juicio del 'procés' en directo.]

Sin Constitución no hay democracia

"La acusación no puede arrogarse ni la propiedad de la Constitución ni su defensa. No hay Constitución sin democracia", ni sin que participen los ciudadanos, explicó antes de asegurar que su intención en "invocar el espíritu liberal de la lucha antifranquista de la Constitución". Roig, que se remitió a los informes de los abogados que les habían antecedido en el uso de la palabra, sostuvo que se está aplicando el derecho penal del enemigo y recordó el informe del grupo de trabajo de la ONU que calificó de arbitraria su detención, por el que ha vuelto a pedir su libertad, petición con la que ha querido acabar su informe.

La letrada, que optó por leer el informe, citó diversos informes internacionales, en relación con el uso de la fuerza y la disolución de manifestantes. Además, insistió en que hubo una falta de entendimiento por parte de la Guardia Civil de que debía interlocutar con los responsables de las organizaciones soberanistas para el mejor fin de la diligencia.

Cuando apenas le quedaban 10 minutos para terminar, Roig entró en el fondo del caso. Y negó poder atribuir a Cuixart "las lesiones a los ciudadanos producidas por la acción policial". Las sufridas por los agentes fueron "hechos aislados" y no pueden conformar el delito de rebelión, ni de sedición, de los que respectivamente acusa la fiscalía y la abogacía del Estado. Pero en cualquier caso se trató de hechos 

Incidentes "aislados" el 1-O. Roig dice que hubo incidentes "aislados" el 1-O, pero no convierte lo ocurrido ese día "en hechos violentos" y menos en hechos que "configuren el delito de rebelión". "Sí hubo resistencia pasiva en 35 colegios, que no tenía como objetivo impedir la actuación policial sino protestar y, en algunos casos, retrasarla".

Violencia soft

Por su parte, el abogado de la 'exconsellera' de Treball Dolors Bassa, Mariano Bergés, utilizó su informe para negar la violencia defendida por la fiscalía para acusar por rebelión, más allá de una "violencia soft", insuficiente para considerar lo ocurrido en el otoño de 2017 un delito de semejante gravedad que hasta ahora, insistió, solo se ha atribuido al golpe de Estado del 23-F y a la conspiración de la operación Galaxia. "Atribuir este delito es atentar contra el principio de legalidad", sostuvo.

Bergés sostuvo que si se hubiera considerado roto el orden constitucional el consejo de Ministros debería haber al menos debatido la necesidad del estado de sitio y excepción, lo que nunca hizo, por lo que mal se puede hablar de rebelión. "Los golpes, las caras de odio, los escupitajos, el sillazo no puede poner en jaque el sistema constitucional. No hubo violencia ni alzamiento, porque no puede considerarse tal resistirse de forma pasiva a la actuación policial", aseveró. En esta línea aseguró que la resistencia pasiva que se produjo "no merece un reproche de diez a quince años de prisión", aunque puedan ser merecedores de una sanción administrativa por la Ley de Seguridad Ciudadana.