JUICIO DEL 'PROCÉS'

El abogado de Sànchez: "En Catalunya no hubo un periodo insurreccional"

Josep Rull  Jordi Turull y Jordi Sànchez.

Josep Rull Jordi Turull y Jordi Sànchez. / periodico

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

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"En Catalunya hay paz, por más que se diga". Así de rotundo se ha expresado el abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, este martes en su informe final. En periodo de septiembre a octubre del 2017, según el letrado, en Catalunya no hubo un periodo "insurreccional", como ha aludido las acusaciones,  ni se produjo un "alzamiento". "No fue un alzamiento, son protestas, son manifestaciones", ha recalcado. "La reacción ciudadana levantando los brazos diciendo 'Votarem' es hostil? Claro que no", ha concretado. El jurista ha argumentado que no existió tampoco esa violencia que requiere la comisión de un delito de rebelión.  El defensor ha pedido al tribunal que deje en libertad a sus clientes cuando acabe el juicio.

El abogado ha dejado constancia que esos meses del 2017 se produjeron dos manifestaciones en Barcelona en favor de la unidad de España. La primera el 8 de octubre y la segunda la habitual del 12 de octubre, festividad de la Hispanidad. "¿A alguien le cabe en la cabeza que en un periodo insurreccional miles de ciudadanos se pueden manifestar por la calle a favor de la unidad de España?", se ha preguntado, para después precisar que en la protesta del 8 de octubre, algunos concentrados lanzaron vallas a los Mossos. 

Golpe de Estado

El defensor ha criticado además las palabras del fiscal Javier Zaragoza que calificó de "golpe de Estado" lo ocurrido en Catalunya. "La gente tiene que saber que no existe ningún delito de golpe de estado, sino otros tipos penales: rebelión y sedición", ha relatado."Nadie percibió lo que se entiende como un golpe de Estado", ha detallado . El letrado ha negado rotundamente que los acusados hayan cometido un delito de rebelión, ya que no existió, tal y como requiere este delito, alzamiento. "Nadie entiende un delito de rebelión sin promotores", ha recalcado. "Las acusaciones no han traído a los responsables del Ejército en Catalunya diciendo que estaban en prevención. ¿Esto es compatible con el delito de rebelión? No", ha afirmado Pina.

El abogado lanzó alguna que otra ironía: "¿La violencia para alcanzar la independencia de una parte del territorio son escupitajos o el lanzamiento de una valla?", se preguntó. El letrado, en cambio, ha recriminado la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la jornada del referéndum unilateral del 1-O y ha tildado alguna de las cargas que se produjeron en los centros de votación de "desproporcionada". "Hemos visto dos días de vídeos. ¿Dónde están los golpes de ciudadanos a policías? Hemos visto actuaciones deleznables de policías, no de todos", ha repetido.

Gente de paz y la violencia policial

El letrado ha asegurado que todas las manifestaciones que se convocaron en Catalunya fueron pacíficas y de "concordia" y que el día después de que teóricamente se declarara unilatreralmente la independencia, el 28 de octubre del 2017, "todos fuimos a trabajar, no pasó nada". "Si algo hemos aprendido en estos cuatro meses es que estas personas son gente de paz. ¿Cómo se les pueda atribuir que sean ellos los instigadores o inductores de conductas violencias. La violencia se creo el 1-0 en algunos colegios electorales donde algunos funcionarios policiales no supieron estar a la altura".

El defensor también ha negado que se cometiera malversación de fodos públicos y ha analizado la conducta de dada uno de los exaltos cargos del Govern que representa. Asimismo, ha desacreditado documentos que para la acusación son claves en el proceso soberanista, como el Efocats, la supuesta hoja de ruta hacia la independencia, y la agenda Moleskie que la Guardia Civil halló al que fuera segundo de Oriol Junqueras y actual diputado por ERC, Josep Maria Jové.

Escarmentar a líderes sociales

Pina ha incidido que la fiscalía no tiene ningún argumento "solvente" para situar a Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), como uno de los promotores del delito de rebelión. "Parece que la fiscalía quiera escarmentar a los lideres sociales", ha manifestado. El abogado ha reconocido que no entiende como se sitúa a este dirigente independentista en la cúpula del proceso soberanista, al igual que a Jordi Cuixart y Carmen Forcadell, y, en cambio, no se les acusa del delito de malversación que va emparejada al de rebelión.

También ha afirmado que los catalanes "hemos chuleado" durante años de celebrar manifestaciones pacíficas, aunque ha reprochado el vandalismo que sufrieron los coches de la Guardia Civil durante el 20-S en la Conselleria d'Economia. "La actuación puntual y concreta de unos desalmados ha tirado por tierra la actuación pacífica", ha puntualizado el abgoado, hecho que ha servido de pretexto, a su entender, para sostener la acusación. Ese día, según ha alegado, "los ciudadanos se convocaron espotáneamente" y "nunca se incitó a la violencia", sino al pacifismo.