La fiscalía acusa de organización criminal a la cúpula de TV-3 y Catalunya Ràdio

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza que investiga la organización del referéndum unilateral del 1-O que amplíe el procesamiento contra 28 altos cargos de la Generalitat y empresarios por un delito de organización criminal, que comporta penas de hasta ocho años de cárcel. Entre esas personas que cita se encuentra el director de  TV-3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordilo; la presidenta de la Corporació Catala de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; así como el secretario de Comunicació del Ejecutivo catalán, Antoni Molons; los secretarios generales de Presidència y de Treball, Joaquim Nin y Josep Ginesta, respectivamente, y el de Relacions Internacionals, Aleix Villatoro. También incluye a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; al director general de Comunicació, Jaume Clotet, y al director general de Patrimoni, Francesc Sutrias.

Según la fiscalía, "la actitud de los procesados ha sido conjunta y coordinada" ante las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en las que se suspendió y después se declaraba la inconstitucionalidad de las resoluciones o leyes del Parlament. Los encausados, argumenta la acusación pública, continuaron con la "hoja de ruta" que tenía marcada cada uno de ellos "en el ámbito de sus competencias y responsabilidades". El escrito subraya que estos 28 procesados de "forma concertada y permanente en el tiempo" participaron "mediante su aportación individual y jerarquizada" en el propósito de "conseguir por vías delictivas la secesión" de Catalunya. 

Salto cuantitativo y cualitativo

Las personas para que se reclama la ampliación del procesamiento estaban acusadas ahora de por los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, entre otros. Con la nueva calificación jurídica en la que se incluye la organización criminal, se produce un salto cualitativo y cuantitativo en la pena que podría reclamarse para ellos. En total hay 30 procesados, por lo que solo dos de ellos quedan fuera de la acusación por el nuevo delito.

La fiscalía recuerda en el recurso presentado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que se encarga de instruir la causa, que el auto de procesamiento dictado en abril que desde el Ejecutivo de Carles Puigdemont se trazó "una línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum", pese a los mandatos contrarios dictados por el Tribunal Constitucional. Esta misma resolución señala que los encausados "dentro de sus respectivos ámbitos de actuación" y "siguiendo las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat" realizaron actuaciones encaminadas a la celebración del 1-O. "Existió un plan común", concreta.

La acusación pública sostiene que en este auto de procesamiento se describe la participación de cada uno de los investigados en la "elaboración y ejecución del delictivo plan soberanista", pero en su parte dispositiva solo les procesa por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, sin incluirse el delito de organización criminal que, a su entender, también se ha cometido.

Para justificar esta petición, la fiscalía detalla diversas sentencias del Tribunal Supremo, aunque se centra en una de ellas que incluía en organización criminal "cualquier red estructurada" que "agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas" y que "posea vocación en el tiempo". Para el ministerio público, "este complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normbalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructuradas".

Críticas a la decisión de la fiscaía

La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, y el expresidente Carles Puigdemont han criticado este jueves que la Fiscalía de Barcelona haya pedido a la jueza que procese también por organización criminal a 28 de los investigados. La 'consellera' Budó ha dicho, en un tuit, que "la represión continúa y se acentúa" contra servidores públicos y medios de comunicación, pero asegura que resistirán amenazas, multas y querella.

En otro tuit, Carles Puigdemont ha lamentado "¡Qué despropósito! ¡Qué manera de criminalizar la libertad de expresión y de información! ¡Todo el apoyo!".