JUICIO DEL 'PROCÉS'
Dos desconocidos entregaron en la calle a Unipost 45.000 certificados del 1-O
Un exalto cargo de la firma sostiene que no se facturó el reparto de esas tarjetas porque no recibieron nota de entrega
![El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, el pasado 18 de diciembre en el Tribunal Supremo, durante la vista de las cuestiones previas del caso del 'procés'.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2a3287a5-e2bd-4fc2-a394-ed6675b6b51f_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, el pasado 18 de diciembre en el Tribunal Supremo, durante la vista de las cuestiones previas del caso del 'procés'. / periodico
Exdirectivos de la extinta Unipost han explicado este lunes ante el tribunal del juicio del 'procés' que no se llegó a facturar a nadie los trabajos de reparto de las más de 45.000 cartas certificadas a nombre de los miembros de las mesas electorales del 1-O, ya que no recibieron el albarán de entrega, ni las instrucciones para distribuirlas. Los sobres, que tenía el logotipo de la Generalitat, fueron incautados por la Guardia civil el 19 de septiembre del 2017 en las plantas de la compañía en Terrassa y Manresa. Este material, según ha admitio un alto cargo de la empresa, le fue entregado por dos desconocidos el 16 de septiembre, sábado, en la calle y "en las inmediaciones de un bar" . La mercancía fue trasladada de una furgoneta a otra. "No era normal", ha reconocido.
"A mi me llamó un tal Toni en nombre de la Generalitat diciéndome de que nos enviaba una remesa y que tenían prisa en repartirla", ha relatado un exdirectivo. Esa misma persona, según el mismo testigo, le volvió a llamar la tarde anterior a registro para comunicarle que no se repartieran las cartas y que las irían a recogerlas. No llegó a tiempo. Horas después, fueron incautadas por la Guardia Civil. El directivo no ha concretado quien era su interlocutor. En los registros de Unipost se hallaron borradores de factura por un millón de euros y que iban dirigidas a cuatro conselleria. La fiscalía sostiene que los gastos del suministro de papeletas, del censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación ascendía a casi un millón de euros.
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