Sánchez ultima el pacto del alquiler sin tope al precio

El Gobierno estrena "los viernes sociales" con un paquete de decretos que aprobará con cuentagotas en los sucesivos Consejos de Ministros hasta las elecciones, al ritmo que vaya atando los apoyos parlamentarios necesarios para que estas medidas sean convalidadas por los grupos en el Congreso. La fórmula ha recibido fuertes críticas de la oposición, que acusa a Pedro Sánchez de hacer la campaña del 28-A desde la Moncloa, pero permitirá al Ejecutivo salvar algunas iniciativas relevantes de la legislatura. Vale decir, que en su versión descafeinada.

Es el caso del denominado decreto de vivienda, que el Ejecutivo prevé aprobar este viernes. Incluye medidas para favorecer los alquileres pero no resuelve el problema fundamental: el precio. Finalmente, no se establecerá un límite a la tarifa mensual que cobran los propietarios a sus inquilinos. Aunque se menciona la creación de un índice de precios autonómicos, el decreto no otorga a las comunidades autónomas la capacidad de limitar el precio, puesto que para ello sería necesario reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de modo que esa guía no es vinculante. 

Para Unidos Podemos el decreto está muy lejos de ser la solución ideal, pero aboga por apoyarlo porque considera que se han introducido mejoras en el desde que el 23 de enero el Congreso tumbara el intento del Gobierno de aprobarlo. En cuanto los precios no se consigue poner un tope, pero sí se vincula el índice de referencia al aumento del IPC. 

También establece que en caso de deshaucio los juzgados deberán dar aviso a los servicios sociales y se obliga a fijar fecha y hora del desalojo. El preaviso de no renovación del contrato de alquiler pasa de un mes a cuatro. 

Los otros decretos con posibilidad de ser aprobados este viernes son igualdad (probablemente sin ampliación del permiso de paternidad y está por ver si las cotizaciones de las cuidadores de dependientes); medidas del contingencia por el 'brexit' y una oferta de empleo público. Quedan pendientes las ayudas a desempleados mayores de 52 años y la contrarreforma laboral.