Enmienda a la totalidad a los 'fets d'octubre'

El referéndum de autodeterminación no era una promesa electoral de Junts pel Sí. En aquellas elecciones del 2015, la hoja de ruta de la coalición independentista culminaba directamente con la proclamación de la independencia, y la única votación que se preveía era posterior, para "aprobar la Constitución" catalana de nuevo cuño.

Pero pronto se vio que era un plan ingenuo. No solo porque no contemplaba que el Estado pusiera obstáculos a una independencia limpia e indolora, sino también porque no estaba pensado para un escenario en el que JxSí no tenía mayoría absoluta y dependía de la CUP para aprobar los Presupuestos. Cuando Anna Gabriel y los suyos tumbaron las cuentas del 2016, Carles Puigdemont recogió una idea que circulaba desde hacía unos meses, y la concretó en el Parlament para seducir a sus socios con un eslogan que hizo fortuna: "O referéndum, o referéndum". Es decir, o el Gobierno accedía a pactar una votación sobre la autodeterminación, o igualmente se haría.

El referéndum unilateral no estaba en el programa, pero tanto Puigdemont como el resto del Govern lo abrazaron a partir de ese momento (la cuestión de confianza de septiembre del 2016) con entusiasmo. Para muestra, el discurso que dio el 'expresident' –hoy 'exiliado' en Bélgica- justo después de firmar el decreto de convocatoria, tras la convulsa sesión parlamentaria del 6 de septiembre del 2017. "Convocamos a los ciudadanos a decidir el camino. Su decisión nos vinculará, no puede ser de otra manera. Y defenderemos hasta el final el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Son momentos decisivos en los que todos sin excepción asumimos nuestra responsabilidad. El Govern y el Parlament la hemos asumido y la asumiremos", prometió Puigdemont.

Todo el mundo tiene su opinión sobre lo que pasó después el 1 de octubre. Pero lo más interesante de las dos primeras semanas del juicio a sus impulsores ha sido ver qué opinan ellos. A conocer esas impresiones han ayudado, sorprendentemente, los fiscales, que en muchas ocasiones han buscado con sus preguntas más las apreciaciones personales de los 'exconsellers' que las confesiones que pudieran vincularlos con los delitos de rebelión o sedición. Es evidente que están condicionadas por la petición de abultadas penas de cárcel, pero esas reflexiones ayudan a comprobar que, más allá de las consignas de partido, al menos una parte del independentismo ha asumido la distancia entre sus promesas y la realidad.

Oriol Junqueras fue el primero de los miembros del Govern en enfrentarse a los magistrados del Tribunal Supremo. Como solo respondió a su abogado, y no a las acusaciones, se centró en defender que el referéndum no costó nada a los catalanes, que "votar no es delito" y que solo hubo violencia por parte de los cuerpos policiales que intentaron impedir la votación.

Forn abre el camino

Quien abrió verdaderamente el camino de la enmienda fue Joaquim Forn. A preguntas de su abogado, Javier Melero, el 'exconseller' de Interior construyó un alegato exculpatorio en el que no dudó en echar tierra sobre todos los lugares comunes del independentismo acerca de lo que pasó en octubre del 2017. Llegó a admitir que el 1-O estaba fuera de la ley cuando afirmó que "nunca se habían utilizado tantos efectivos [policiales] para unas elecciones o para un referéndum, en este caso ilegal". Dijo también que la declaración de independencia en el Parlament fue "solo política" y recordó, en la línea de lo que declararían después otros acusados, que en realidad la Cámara no la votó –porque no estaba en la parte dispositiva de la resolución- y que "no tenía efectos jurídicos". Además, recordó que después "no hubo ningún acto administrativo" para dar cuerpo a la secesión, y que el 155 se aplicó sin resistencia. Y eso que es candidato a alcalde de Barcelona por el PDECat y la Crida en las elecciones de mayo.

A partir de ahí, los fiscales empezaron a preguntar por las argucias de octubre. El siguiente interrogado, Jordi Turull, insistió en el valor simbólico de la DUI cuando la redujo a "una declaración de voluntad política" y cuando dijo que el Govern llevó los resultados del 1-O al Parlament "por cortesía".  Pero también abrió otra vía exculpatoria que utilizaron después otros 'exconsellers': afirmó que la Generalitat no solo no gastó un euro en el referéndum, sino que ni siquiera se preocupó de la logística de la votación. "A día de hoy, aún no sé cómo se adquirieron las urnas", aseguró, aunque él fue quien las presentó en sociedad dos días antes del 1-O.

Esa idea de un 1-O más emparentado con un 9-N –un "proceso participativo" sin voluntad vinculante- que con un plebiscito efectivo y de cuya validez era garante el Govern se repitió en otras declaraciones. Por ejemplo, la de Josep Rull, que se mostró "convencido" de que habría urnas porque "la fuerza de la esperanza es increíble", aunque para explicar de dónde salieron recurrió a la ciencia infusa: "Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero era una confianza profunda en mi país, donde hay un volumen de ciudadanos comprometidos con esta causa de libertad". También situó en el plano "teórico" los planes para que la Generalitat se adueñara de la titularidad de las infraestructuras.

El interrogatorio a Dolors Bassa tuvo interés porque fue la primera dirigente de ERC que aceptó responder a la fiscalía. Y, donde Junqueras y Raül Romeva habían callado, ella afirmó que cuando el TC suspendió la ley del referéndum el Govern "lo acató todo". Además, aseguró que el 1-O "nunca fue previsto como un acto concluyente, y menos para la independencia", sino "un acto más dentro de la legislatura".

La DUI, en el preámbulo

Meritxell Borràs, extitular de Governació, insistió en que la DUI solo estaba "en el preámbulo" del texto que se votó el 27 de octubre, y que "eso no obliga a nada, ni establece nada". Subrayó el valor "simbólico" del 1-O, y que, en realidad, desde su Departament no se hizo ninguna acción para facilitar la votación soberanista. Carles Mundó, que como ella solo está acusado de malversación y desobediencia, también aseguró que acató desde el principio los requerimientos del Tribunal Constitucional sobre el referéndum. "La voluntad", resumió Borràs, siempre fue "llegar a un acuerdo con el Gobierno español a través de la política".

Cuando le llegó el turno a Santi Vila, el último de los 'exconsellers' en someterse al escrutinio de la acusación, su intervención había perdido gran parte del interés, porque sus compañeros habían adoptado gran parte de sus argumentos. Pero sus palabras sirvieron como resumen del carácter general de las intervenciones. Cuando el TC suspendió la votación, dijo, "nunca más" la reconoció como un referéndum, sino como una "gran movilización política".