Borràs ve un "linchamiento" pese a la investigación policial sobre sus contratos a dedo

Laura Borràs ha comparecido este miércoles en la comisión de Cultura del Parlament para dar explicaciones sobre su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), organismo que presidió entre los años 2013 y 2018. La titular de Cultura ha acudido a la Cámara a petición propia después de que la semana pasada EL PERIÓDICO sacase a la luz que los Mossos investigan la adjudicación de tres contratos a un colaborador de la actual 'consellera'. Borràs ha negado que fueran concesiones a dedo a un colaborador, Isaías Herrero Florensa, y ha querido despachar como un "linchamiento mediático" la investigación policial abierta precisamente por estas adjudicaciones sin concurso.

La 'consellera' ha vuelto a defender que toda la actividad de la ILC se ha ajustado "a la legalidad" y que los procedimientos públicos son "claros y diáfanos". Tras señalar que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo que desconoce los motivos de la investigación, ha cargado contra las "absurdidades difamatorias" que, según ella, solo tienen la voluntad de hacer daño. Durante una comparecencia de más de dos horas, ha defendido que todos los encargos hasta 18.000 euros (y que no requerían concurso) se adjudicaron tras haber recibido tres presupuestos, algo que no era obligatorio pero que se hizo "con el valor añadido de buena praxis". Y ha considerado que "hablar de fraccionamiento es ridículo", siendo tres contratos en tres años distintos y con tres objetos distintos.

Laura Borràs adjudicó sin concurso tres contratos a un colaborador suyo

La vida privada

Este miércoles, EL PERIÓDICO ha publicado que Herrero fue detenido el 18 de diciembre del 2017 por tráfico de drogas, defraudar la factura eléctrica y falsificación de moneda, unos hechos por los que será juzgado próximamente. "La vida privada de mis colaboradores no es de mi incumbencia", ha sentenciado Borràs. En cualquier caso, ha querido apuntar que esos presuntos delitos serían posteriores y tendrían "nula relevancia a no ser que el objetivo sea querer manipular" y hacerla pasar por "culpable por asociación".

En junio del 2015, ese colaborador recibió 17.650 euros, en concepto de 'Migració dels continguts de l'antic portal "Què llegeixes?", disseny, programació i desenvolupament'; en octubre del 2016, por valor de 11.850 euros, en concepto de 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al portal de la ILC'; y en febrero del 2017, por 16.050 euros, en concepto de 'Creació i Manteniment web Any Bertrana'. Las tres webs están cerradas. Según dijo Borràs en el Parlament, porque están bajo investigación judicial, aunque no aclaró quién ordenó clausurarlas. Fuentes de la 'conselleria' aseguran que ellos no las han cerrado, pero los juzgados raramente dan esa orden a no ser que el contenido de las mismas constituya un delito.

Ninguno de los contratos bajo sospecha salió a concurso público porque eran inferiores a 18.000 euros, límite legal entonces -ahora es de 15.000 euros-, y el Área de Delitos Económicos de los Mossos investiga por estas adjudicaciones a la 'consellera', en una causa bajo secreto de sumario. Herrero. era también informático 'freelance' y, hasta hace pocos meses, profesor asociado de la UB, siempre en títulos dirigidos por la 'consellera' Borràs.

Dardos de la oposición

Ciutadans ha sido el partido que con más dureza ha cargado contra Borràs, a la que la diputada Sonia Sierra ha definido como la "'consellera' de la cultura del 3% y el amiguismo". "Qué amistades tiene la 'consellera'", ha clamado, refiriéndose al informático contratado como un "traficante de drogas y estafador" al que, según la diputada de Cs, "le tocó el gordo cuando se hizo amigo suyo". También ha acusado a Borràs de dar tres versiones distintas de las comunicaciones que tuvo con el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, sobre la investigación. "Si no fui suficientemente clara, insisto: solo me dijo que los Mossos actuaban como policía judicial y que había secreto de sumario", le ha respondido Borràs en una réplica en la que ha gravitado entre la ironía y el sarcasmo. "Les encanta jugar a jueces pero no llegan a 'sheriff' de Playmobil".

Tanto el PSC como el PP le han recordado a la 'consellera' que la investigación es una realidad y "no será por motivos ideológicos ni de opinión, sino porque alguien tendrá algún indicio", ha apuntado el popular Santi Rodríguez. El socialista Rafel Bruguera ha aseverado que plana sobre ella la sombra de sospecha. "Si la república que proponen es una república de amigos, parientes y conocidos, al menos la mía y la nuestra no es". El diputado socialista ha aprovechado para avanzar que pedirán a la sindicatura de cuentas que fiscalice todos los contratos, becas y ayudas concedidas por la ILC cuando estuvo Borràs al frente, recordando que el último informe fue en 1992. Por parte de los 'comuns', Elisenda Alamany, que ha lamentado que ha habido "muchas malas prácticas en el pasado", ha reclamado dónde fueron a parar esos 45.550 euros.