El Parlament da luz verde a la tramitación de una ley de memoria histórica

Primer paso para la creación de una ley catalana de memoria histórica. El Parlament sacó adelante este miércoles la proposición de ley del grupo parlamentario PSC-Units per Avançar que regula las políticas públicas de recuperación, protección y conservación de la "memoria democrática" desde la Segunda República hasta la Transición, con especial énfasis a los peores episodios de la historia contemporánea española: la Guerra Civil y el franquismo.

El texto aboga por la creación de un censo general de víctimas, establece los procedimientos de localización y traslado de los desaparecidos, un bando de datos de ADN para su identificación, reconoce el "derecho de verdad, reparación, justicia y no-repetición", y prohíbe la escenificación contraria a la defensa de la democracia, además de incluir un régimen sancionar con multas de entre 200 y 150.000 euros.

Asimismo, apela a la creación de una Comisión de la Verdad, fija en el calendario el día 31 de mayo como homenaje nacional a las víctimas, y da seis meses para la retirada los vestigios que perviven de la dictadura 40 años después.

El diputado encargado de defender el texto, Ferran Pedret, admitió que esta ley llegará "siempre demasiado tarde para mucha gente" pero defendió que "ahora se dan las condiciones políticas y el consenso social para abordar de forma integral" una ley de estas características. Su iniciativa fue aplaudida por todos los grupos, excepto por Ciutadans y el PPC.

JxCat y ERC retiran su enmienda

Los ‘comuns’ la abrazaron como una propuesta que recibe el apoyo de la "mayoría republicana, la que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa" y como el primer síntoma de la cumbre del diálogo celebrada el pasado viernes en el Palau de la Generalitat. "Hoy hemos visto que cuando se quieren recortar derechos y libertades resulta que una mayoría republicana dice basta", se vanaglorió Joan Josep Nuet.  

El ‘cupaire’ Vidal Aragonés también agradeció el impulso de este texto a los socialistas e indicó que "aún hay instituciones que permiten la apología al franquismo" y "relativismo histórico". Señaló la enmienda de los populares que aboga por prohibir a asociaciones que exalten o glorifiquen el comunismo y zanjó: "Desde este atril decimos les hacemos exaltación absoluta y porque en los peores años del franquismo lo dieron todo para conquistar derechos nacionales y sociales de nuestro pueblo".

Desde a bancada republicana, Antoni Castellà también dio la bienvenida pero quiso incidir en algunas imprecisiones o contradicciones con el trabajo sacado adelante en este ámbito desde el Govern. De hecho, inicialmente JxCat y ERC habían presentado una enmienda a la totalidad porque el Ejecutivo de Quim Torra prepara una ley desde la Conselleria de Justicia y esperan conjurarse con los socialistas para adecuarla al texto aprobado hoy. Los posconvergentes reprocharon que fuera presentada a sabiendas de la elaboración desde los despachos de la ‘consellera’ Ester Capella. "Me gustaría que no fuera oportunismo político", advirtió el diputado de JxCat, Francesc Ten.

Cs y PPC se oponen

Tanto Ciutadans como el PPC dieron un portazo a la propuesta. Consideraron que "No es el momento" y que puede ser aprovechada por el independentismo. Así lo explicaron Matías Alonso (Cs) y Xavier García Albiol (PPC). "Confunden la memoria con la historia y pretenden convertir la primera en la segunda", espetó el exdirigente popular, y zanjó: "No podemos apoyar esta moción porque no necesitan decretos para la recuperación de la dignidad que le independentismo ha destrozado si que requiere el esfuerzo de todos". 

Alonso hurgó en que el PSC "vuelve a mirar al pasado" y censuró que "con la situación que se vive en Catalunya esta ley es del todo inoportuna". "Forma parte de una estrategia ‘sanchista’, de mirar de contentar desde el Gobierno a los que quieres deshacer España y de esconder la falta de proyecto y la incapacidad de gobernar", aseveró desde el atril para justificar sus votos en contra.

El ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, pidió la palabra y aseguró que "un pueblo sin memoria es un pueblo que no accede a la verdad" y exigió que se les reproche que "manipulan" hechos históricos de esta envergadura.