LA CAUSA DEL 'PROCÉS'
Buch y Lloveras declaran que su intención era "escenificar" el apoyo de los municipios al 1-O
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
El 'conseller' de Interior de la Generalitat y expresidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, han declarado este martes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que su intención era "escenificar" el apoyo del "territorio" y los municipios al referéndum unilateral del 1-O, mediante una "declaración política". Han recordado que ninguno de ellos fue apercibido por el Tribunal Constitucional (TC) de la prohibición de la consulta.
Buch y Lloveras estaban citados para declarar como imputado por desobediencia por su apoyo al 1-O1-O. Ambos han llegado juntos pasadas las nueve y media de la mañana al TSJC acompañados del presidente de la Generalitat, Quim Torra, casi todos los miembros del Govern, así como diputados independentistas. No han acudido la 'consellera' de Justícia, Ester Capella, y la de Salut, Alba Vergès, de baja por maternidad.
En total, un centenar de personas, la mayoría cargos de la Generalitat, se han congregado a las puertas del palacio de justicia de la capital catalana, con gritos de "libertad" y "no estáis solos". Los dos investigados han sido despedidos con aplausos.
Horas antes de declarar ante el juez, Buch ha asegurado que el juicio que más le preocupa es el de sus hijos y el de sus nietos. "Quiero mirarles a los ojos y decirles que hicimos todo lo posible por la libertad de Catalunya", ha afirmado a través de su perfil de Twitter.
La citación responde a una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya presentada en septiembre del 2017, momento en el que Buch y Lloveras presidían la ACM y la AMI, respectivamente. Según un auto del TSJC, ambos enviaron correos electrónicos a otros alcaldes catalanes para que colaboraran en la organización del referéndum unilateral con medidas como aprobar decretos de alcaldía favorables y confirmar la disponibilidad de los locales de votación.
Tres correos
La querella se basa en tres correos que las entidades soberanistas enviaron a los alcaldes: uno con un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo al referéndum, otro con un informe de un colectivo de secretarios e interventores de la administración local que defendían la legalidad de la consulta y un tercero con un enlace en internet para poder imprimir, quien lo deseara, carteles de propaganda del 1-0. El fiscal que ha asistido a las declaraciones no ha realizado ninguna pregunta, pero sí el juez instructor del proceso.
Según fuentes jurídicas, Buch ha recalcado ante el juez que lo que planteó a los alcaldes fue una mera "propuesta" de decreto y ha precisado que cada consistorio era libre de hacer uso del mismo o no, respetando "la autonomía de cada municipio". En este mismo sentido, tanto el 'conseller' como Lloveras han destacado que la ACM y la AMI son "entidades "privadas" de las que forman parte ayuntamientos de distinto signo político.
Los dos investigados, además, han recalcado que no recibieron el apercebimiento que el Constitucional remitió a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament para advertirles de su obligación de impedir la celebración del referéndum unilateral .
En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia judicial, de menos de media hora cada uno, Buch ha subrayado que se limitaron a "informar" a los ayuntamientos sobre la aprobación de la ley y los decretos sobre el referéndum, como hacían con toda la actividad legislativa, y que también "animaron" a los consistorios a participar en la consulta.
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