España vendió 932 millones de euros en armas a Arabia Saudí entre 2015 y 2017

Todos los Estados rechazan y condenan la guerra, pero esa determinación se desdibuja cuando se trata de hacer caja con ella. Entre 2013 y 2017, las transferencias de armas en todo el mundo alcanzaron su nivel más alto desde la Guerra Fría, según datos del SIPRI, entidad independiente que estudia el gasto militar internacional. España se colocó como la séptima exportadora de grandes armas del mundo y la cuarta de Europa, con un 2,9% de la exportación mundial.

La venta de armas es un negocio atractivo, pero también impopular. La comunidad internacional ha tratado de regular el mercado para impedir que el material militar acabe en las manos equivocadas. Es el caso de Arabia Saudí, de quien las ONGs promotoras de la campaña “Armas bajo control” aseguran que está usándolo contra la población civil en Yemen.

En 2017, España ingresó 4.346,7 millones de euros por exportar material de defensa, y aunque el 72,6% de las ventas fue a países de la UE o la OTAN (Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía), fuera de este marco su principal cliente es Arabia Saudí, de quien ingresó 270,2 millones de euros. Desde que estalló el conflicto en Yemen, en 2015, la cifra se eleva a los 932,4 millones. Ahora, el Gobierno socialista se plantea cambiar la política de venta de armas y paralizar el contrato de 400 bombas de precisión láser que había cerrado con Arabia Saudí, una decisión de la que dará cuenta este viernes en el Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Xiada Méndez.

Queda en el aire el contrato millonario que Navantia cerró en julio con el régimen sauditaNavantia y que negociaban desde 2015 para la construcción de cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros, “el mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero”. Las alarmas se activaron en la Bahía de Cádiz, pues Navantia considera este contrato “clave” para garantizar hasta 6.000 puestos de trabajo anuales, directos e indirectos, durante cinco años. Aunque desde el PSOE de Cádiz trataron de llamar a la calma, es el Gobierno tendrá que aclarar si el veto a Arabia Saudí alcanzará también a las cinco corbetas.

Carácter reservado

La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es la encargada de conceder las autorizaciones de venta de armamento español. Sus decisiones son vinculantes y las actas de sus reuniones son consideradas de carácter reservado desde que el Gobierno de Felipe Gónzalez lo acordara así en 1987, y es imposible saber con qué datos o argumentos toman sus decisiones.

Los contratos millonarios de venta a Arabia Saudí desde 2015 han estado acompañados de “garantías de uso final y de estrictas cláusulas de no reexportación”, según indicó el Gobierno de Rajoy en abril en una pregunta parlamentaria, y “las autoridades del país certificaron que los equipos y las municiones iban a ser destinados a uso interno”. El Gobierno defiende que hay controles, pero reconoce que estos dependen en última instancia de que Arabia Saudí cumpla con su palabra.

En 2017, Arabia Saudí compró a España un avión de transporte, aviones no tripulados, granadas de mortero o munición de artillería por valor de 270,2 millones de euros, más del doble de los 116,2 millones de 2016. A finales de año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía el embargo a la venta de armas al régimen saudita porque exportarles armas “infringe la posición común”.

El punto de inflexión en el comercio de armas españolas con el régimen saudí se produjo en 2013, cuando vendió 406,4 millones de euros en material de defensa, frente a los 21,3 del año anterior. Hasta entonces, se movía entre los 5 y los 20 millones de euros. Durante la etapa de Zapatero, España multiplicó por seis la venta de material de defensa, de 383,1 a 2.431 millones de euros, pero el comercio con Arabia Saudí siempre se mantuvo en cifras discretas, aunque manteniéndose entre los principales clientes fueran del mercado OTAN y UE. El récord de venta a Arabia Saudí llegó en 2015, el mismo año en que estalló el conflicto en Yemen, con 546 millones de euros.