Casi la mitad de los jueces y fiscales secundan la huelga para exigir mejoras laborales

Casi la mitad de los jueces y fiscales (42% y 51%, respectivamente) de toda España han secundado este martes la primera huelga conjunta primera huelga convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para exigir al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales, mayor independencia judicial, y la adaptación de la Administración al siglo XXI.

"Lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor", ha destacado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, a los medios de comunicación después de que el Comité de Huelga Interasociativo ofreciese los datos de seguimiento de la jornada. "Nuestras reclamaciones deben redundar en beneficio de la sociedad", ha añadido.

Según datos facilitados por el comité de huelga, 2.294 jueces y 1.264 fiscales de toda España han secundado la huelga convocada por las cuatros asociaciones judiciales y las tres de representantes del Ministerio Público. Esto quiere decir que de los más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 42% y el 51%, respectivamente, han respaldado el paro. Unos datos que son provisionales, pues, según han indicado, el correo electrónico de las asociaciones se ha visto saturado y aún siguen recibiendo datos relacionados con la jornada.

Supremo y Audiencia Nacional

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado que ocho jueces de los 87 que están destinados a la Aduencia Nacional han apoyado la huelga. En concreto, han sido dos de la Sala de lo Penal; uno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y cinco de lo Contencioso-Administrativo.

Las reivindicaciones también han sido respaldas por 30 magistrados del Tribunal Supremo que, en un comunicado, han trasladado su "total apoyo" a las asociaciones. Se trata de unas reclamaciones con las que de "manera unánime" se están pidiendo "las imprescindibles reformas" que necesita la Administración de Justicia "para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde", dicen los firmantes.

Por su parte, la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y miembro del Comité, Natalia Velilla, ha denunciado que no se van a difundir datos oficiales de la huelga, ni de las diligencias judiciales que se han visto afectadas, porque el Ministerio de Justicia ha prohibido "verbalmente" a los secretarios de gobierno que faciliten información a los Tribunales Superiores de Justicia.

Catalá desmiente el boicot

Algo que ha sido desmentido por el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha señalado que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio, sino que compete al CGPJ. Asimismo, ha recordado que su departamento lleva "desde hace meses" en un proceso de de negociación y diálogo con las asociaciones para llegar a un acuerdo sobre las demandas que plantean.