'CASO CIFUENTES'
La jueza imputa al director del máster de Cifuentes
El caso del máster de Cristina Cifuentes ya está judicializado y, pese al intento de la expresidenta madrileña de colgarse la medalla cuando aún se aferraba al cargo, tampoco esta vez ha sido gracias a ella. Una de las profesoras que aparece como firmante del acta de convalidación de sus notas, la catedrática de Derecho Constitucional Ángela Figueruelo, asegura que su firma fue falsificada. Su querella y denuncia subsidiaria correspondieron al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuya titular, Carmen Rodríguez Medel, ha decidido admitirla a trámite e imputar al director del máster, Enrique Álvarez Conde, que deberá declarar el 6 de junio.
La magistrada, a la que correspondió por reparto el escrito de Figueruelo el día 17, descartó la querella por no estar la falsedad entre los delitos atribuibles a las personas jurídicas contra las que se dirigía, pero admitió a trámite la denuncia por ese motivo que se incluía contra "cualquier persona que haya participado en los hechos". Además de imputar a Álvarez Conde, la jueza ha citado a declarar a 12 testigos. Se trata de los profesores Clara Souto, Alfredo Allué y Laura Nuño y de los nueve alumnos que junto a Cifuentes vieron convalidadas tres de sus asignaturas en el 2012. La única que no ha sido citada a declarar es la expresidenta madrileña.
Actas originales
Antes de escucharles, la jueza quiere tener delante la documentación en la que se basa la denuncia. Por eso ha pedido al Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos las actas de la comisión de garantías de calidad del máster de Derecho público del Estado autonómico para la convalidación de asignaturas que se reunió el 24 de mayo del 2012. También solicita la documentación correspondiente a la participación de Figueruelo en el máster del curso 2011-2012, la lista de alumnos y el expediente académico de todos ellos, incluida Cifuentes.
Precisamente este viernes se supo que la Fiscalía de Área de Móstoles (Madrid) ha remitido a ese juzgado las diligencias de investigación penal que abrió por las primeras denuncias presentadas en relación con el máster de la expresidenta madrileña, la de un grupo de alumnos y la comunicación que le envió el rectorado de la Rey Juan Carlos. El ministerio público entiende que los hechos deben investigarse conjuntamente para evitar duplicidades que den pie a distintos criterios. Hasta ahora no ha podido determinar de manera "concluyente" dónde se cometió el delito, si en la sede de la universidad o en el Instituto de Derecho Público, ubicado en el barrio madrileño de Vicálvaro.
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