Turull reprocha al juez que quiera decidir quién debe presidir la Generalitat

El 'exconseller' de Presidencia Jordi Turull ha querido borrar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la contención que marcó su intervención en el Parlament cuando se postulaba para ser el próximo presidente catalán. Aprovechó la comparecencia en la que se notificó en persona su procesamiento por rebelión y malversación para reprochar al magistrado que le haya "convertido en un preso político" y que "pretenda decir quién debe ser el candidato a presidir la Generalitat", en clara referencia a su caso y al del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, al que se negó el permiso para asistir a la Cámara.

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Turull defendió que se deje de "meter la Justicia en la política"; considera que se ha producido "un cruce de poderes", cuando miembros del Gobierno de Mariano Rajoy anuncian cuándo se producirán los procesamientos y por qué serán condenados y el Tribunal Supremo a quién se debe votar como presidente de la Generalitat. El 'exconseller' afirmó que en noviembre, cuando ingresó en prisión por primera vez por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, no sabía si era un preso político, pero desde que Llarena volvió a encarcelarle el pasado 23 de marzo no tenía duda alguna, porque en las elecciones del 21-D la opción mayoritaria fue la soberanista. 

Informe psicológico

Añadió que en el auto de procesamiento se dice literalmente que él no garantiza "un acertado retorno al autogobierno" de Catalunya y pidió el informe psicológico en el que el magistrado se basó para afirmar que podía "concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente". 

En cuanto a la malversación de caudales públicos, Turull puso de ejemplo las declaraciones del presidente del Gobierno y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en una entrevista negó que se hubiera desviado dinero público. Su excompañero de Gabinete Josep Rull anunció incluso este martes que solicitará que declare como testigo, lo que ha llevado a la acusación que ejerce Vox a pedir la dimisión del miembro del Gobierno de Rajoy por dar "argumentarios falsos" a los procesados en cuanto se acredite que se cometió por "su falta de control de los fondos públicos".

Violencia

A continuación, le llegó el turno a la 'exconsellera' Dolors Bassa, que solo necesitó un cuarto de hora para negar los hechos por los que ha sido procesada. Aseguró que confiaba en que el 1-O transcurriera como el 9-N de 2014 y lamentó la violencia que se produjo por la intervención de la policía y la Guardia Civil el.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, como en declaraciones anteriores, negó su responsabilidad en la tramitación en la Cámara de las leyes de desconexión, y haber hecho en alguna ocasión cualquier arenga que incitara a la violencia en ninguna de las responsabilidades que ha desempeñado.

Mesa, el día 7 y 'exconsellers', el 8

El juez Llarena continuará con las declaraciones indagatorias los próximos días 7 y 8 de mayo. El primero están citados los que eran miembros de la Mesa del Parlament en septiembre: Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Juan Josep Nuet, todos ellos procesados por desobediencia. 

Al día siguiente comparecerán los 'exconsellers' que no están presos al no haber sido procesados por rebelión. Se trata de Meritxell Borras, Carles Mundó y Santi Vila. El 8 también está citada la exparlamentaria de la CUP Mireia Boya. Como es lógico, los procesados que huyeron de la justicia española y cuya entrega a España se dirime en procedimientos abiertos en los países en los que residen actualmente no han sido citados.