El abogado de Puigdemont anuncia demandas "cada mes" contra España

Carles Puigdemont se ha echado "provisionalmente" a un lado al renunciar a ser investido de nuevo 'president', pero no tiene previsto pisar el freno en su ofensiva jurídica contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Su nuevo abogado, el británico Ben Emmerson, ha anunciado este viernes que la presentación de la demanda contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU es solo "el primer golpe" en una guerra judicial que mantendrán hasta que el Ejecutivo español se siente a dialogar.

"Seguiremos presentando demandas cada mes con un mérito genuino y sólido ante la comunidad internacional hasta que el Gobierno de Madrid se convenza de que tiene que entrar en negociaciones genuinas con los líderes del movimiento independentista catalán", ha anunciado Emmerson, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado de otras dos abogadas y expertas en derecho internacional, Rachel Lindon y Neus Torbisco. "No vamos a parar hasta que acepten entrar en negociaciones", ha añadido al tiempo que ha anunciado un nuevo movimiento "significativo" en el mes de marzo.

Para ese diálogo con España ponen, sin embargo, dos precondiciones. La primera, que las negociaciones deben ser "genuinas e inclusivas" y la segunda, que nadie puede negociar con la Moncloa en nombre del movimiento independendista catalán mientras haya dirigentes en prisión. "Deben ser liberados inmediatamente. Han sido acusados de un delito que requiere violencia que no ha habido", ha proclamado en relación a los cuatro dirigentes –Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn- que aún permanecen encarcelados.

Demanda del 1 de marzo

Según la denuncia presentada este jueves por Puigdemont, España ha vulnerado tres artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, ratificado por el Estado español. "No es una coquetería. Son derechos políticos, muy detallados, como votar, ser elegido, el derecho de expresar opiniones políticas… Son derechos que tenemos todos. El derecho a libertad de reunión pacífica, con otros partidos políticos y otras organizaciones", ha precisado Lindon.

Entre esos derechos, aseguran, también está el derecho a defender la autodeterminación o a presentarse a unas elecciones con un programa independentista. "Son derechos garantizados legalmente" y "España los ha vulnerado", ha añadido Emmerson, recordando además que Puigdemont no ha sido condenado en los tribunales españoles. El proceso podría prolongarse durante uno o dos años, aunque dado el impacto del caso consideran que se trata de un asunto urgente que podría resolverse por la vía de urgencia. "Todavía no está decidido", ha asegurado convencido de que la demanda será aceptada a trámite. Emmerson también ha asegurado que nadie le paga por sus servicios y que trabaja de forma altruista para Puigdemont.