El Tribunal Supremo abre la puerta a que la investigación del 'procés' dure 18 meses

El juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'procés' hacia la declaración unilateral de independencia (DUI), Pablo Llarena, ha declarado la causa "compleja", lo que le permitirá alargar el plazo para culminar el sumario de los seis meses previstos por la ley en principio hasta un máximo de 18. Así lo ha acordado el magistrado a petición del fiscal y con el acuerdo de todas las partes; tanto del abogado del Estado y la acusación popular, como la práctica totalidad de las defensas de los imputados.

La medida permitirá al juez abrir juicio oral posteriormente al momento inicialmente estimado, que se ha calculado para la próxima primavera, de modo que sería posible celebrar la vista en otoño. No obstante, la declaración de complejidad para la causa permite al juez disponer de un plazo más amplio, aunque no le obliga a nada. La decisión que sí deberá tomar Llarena pronto es si da permiso a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, para asistir al pleno de su investidura.

Llarena acepta la personación de la Abogacía del Estado en la causa del 'procés' por malversación

La ley de enjuiciamiento criminal prevé que "el instructor, a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja" cuando "por circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado" o "concurran de forma sobrevenida" ciertas "circunstancias" estipuladas.

"Si la instrucción es declarada compleja", añade, "el plazo de duración de la instrucción será de 18 meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes". La solicitud de la prórroga tendrá que presentarse "por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo", apunta la norma.

El recurso contra Puigdemont, la próxima semana

Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) ha incluido en el orden del día de su pleno de la próxima semana -entre el 6 y 8 de marzo- la admisión o no del recurso presentado por el Abogado del Estado contra el anuncio de investidura de Carles Puigdemont -del que se ha desdicho "de manera provisional" este jueves- del pasado 22 de enero por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent. También recurrió el Gobierno la convocatoria de un pleno de investidura para el 30 de enero, que finalmente no se celebró por la exigencia de que la elección del candidato de JxCat fuera presencial.

El requisito de que Puigdemont estuviera presente en el Pleno de investidura, sumado al de que tuviera que acudir con autorización expresa de Llarena, la adoptó de forma inédita el tribunal de garantías como medida cautelar previa a admitir o no el recuso del Gobierno. En dicho momento, se dio, además, un plazo a los diputados electos de JxCat, entre ellos al propio Puigdemont, y al Parlament para que presentaran alegaciones antes de decidirrse sobre la admisión del recurso.

En sus alegaciones, JxCat ha argumentado que el requerimiento que le hizo en su día el TC al dictar sus requisitos para la investidura vulnera la "autonomía" de la Cámara. Dicho requerimiento consiste en no iniciar, tramitar, informar ni dictar ningún acuerdo o actuación para un debate de investidura de Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat que no respetara las medidas cautelares del Constitucional, y les avisaba de posibles responsabilidades, incluida la penal.