El Gobierno se abre ahora a consensuar el derecho al castellano en los colegios

Después de la polémica creada por el Gobierno al anunciar que usaría el 155 para buscar la fórmula de que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya, el Ejecutivo ha anunciado este jueves que antes de tomar una decisión definitiva -y eso que dispone de poco tiempo si quiere ofrecer esa posibilidad en la próxima preinscripción escolar, que se efectua normalmente en abril- consultará a la comunidad educativa y a los partidos para tratar de buscar una solución consensuada y que valga para todas las autonomías con lenguas cooficiales. 

Ahora falta por ver si el Gobierno del PP se reúne con toda la comunidad educativa, no solo con aquellos sectores que defienden laminar la inmersión lingüística, y qué apoyos encuentra en la oposición, porque tanto el PSOE como Podemos han lamentado que el Ejecutivo plantee una iniciativa así a través de la intervención del artículo 155, mientras que Ciudadanos, en el lado contrario, avisa de que no firmará el Pacto por la Educación si este no garantiza que el castellano es vehicular en todo el Estado. Pedro Sánchez, de hecho, ha asegurado este jueves que se opondrá "total y radicalmente" a cualquier intento de modificar la inmersión lingüística al amparo del precepto constitucional que tanta controversia a generado. 

En el PSOE, no obstante, no hay una opinión unánime sobre la inmersión en catalán en las escuelas. Algunos barones autonómicos se muestran favorables a que se amplíe el uso del castellano mientras que el PSC siempre ha defendido el modelo lingüístico actual.

La tarea del Gobierno es, por tanto, complicada, en un contexto en el que el PP busca munición política contra Ciudadanos ante el empuje de los naranjas tras su victoria en las pasadas elecciones al Parlament. El Ejecutivo reconoce que a través del 155 no puede cambiar el sistema educativo catalán ni el modelo lingüístico, y por tanto afirma que solo pretende garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligó a la Generalitat a que el 25% de los contenidos del curso se impartieran en castellano.

Críticas al 'modelo Wert'

En medio del embrollo, el martes el Tribunal Constitucional anuló la ayuda de 6.000 euros Tribunal Constitucionalcreada por el exministro José Ignacio Wert para las familias que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este jueves que tendrá en cuenta la sentencia y se buscará por tanto otra fórmula para satisfacer la libertad de elección. Y ha reconocido además que el 'modelo Wert' "no tenía que haberse dado nunca" porque supuso que el "Estado actuase subsidiariamente en algo que no era competencia suya", sino de la Generalitat. 

Asimismo, ha negado que él haya hablado nunca de "poner una casilla" en la que se pueda escoger la docencia en castellano en los impresos para las inscripciones, que la Generalitat ha aplazado hasta la primera semana de abril --el formulario para las familias no está disponible precisamente a la espera de que el ministerio resuelva sobre la 'casilla lingüística'--. Su compañera en el Gabinete de Rajoy Dolors Montserrat sí que lo hizo y Educación salió rápidamente a corregirla. "Cuando encontremos la fórmula de conjugar la lengua castellana y catalana, la pondremos en conocimiento de todos", ha zanjado Méndez de Vigo.