Dimite un viceconsejero de Cifuentes después de que registraran su despacho por la 'Púnica'

El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras resultar investigado en el marco de la 'trama Púnica' por su etapa en Arpegio, donde fue consejero delegado. Ruiz ha recibido un auto formal dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde "no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.

Ruiz -que está citado el próximo 12 de julio ante la justicia- es uno de los doce imputados citados por Velasco a partir de julio dentro de la pieza que investiga a esta empresa pública, cuya sede la Guardia Civil registra junto con el despacho del propio Ruiz.. En concreto, los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.  

En total, el magistrado Eloy Velasco ha ordenado siete registros a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos el del número dos de la Consejería dirigida por Jaime González Taboada, en el marco de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio 2.

¿MORDIDAS EN ARPEGIO?

Hace seis meses, el exconsejero delegado de Arpegio compareció en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid donde justificó una factura de 16,5 millones de euros en promoción que la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma cargó a dicho plan, y que incluía, entre otras cosas, un gasto de 3,3 millones de euros en primeras piedras.

Por otro lado, aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la Mesa de Contratación de Prisma, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente, no se hicieron procedimientos negociados, había o contratos menores o abiertos, en los que el pliego era 60% precio, 40% la cuestión técnica". 

Por ello, indicó que no podía refrendar la tesis de Velasco de que Francisco Granados estaba detrás de todo, al igual que aseguró desconocer si se habían producido 'mordidas'. 

LA SOMBRA DE GRANADOS

El juez ya pidió a la Comunidad que le entregara los convenios suscritos con Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones al amparo de Granados. En concreto, reclamó los firmados entre 2006 y 2011 con Prisma, convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia, así como acuerdos en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación.

Granados, presunto cabecilla de la trama, ha pedido que declaren varias personas relacionadas con Arpegio, como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada; el exgerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.