EL SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA
Hacienda ratifica que dinero de Ferrovial fue a parar a los extesoreros de CDC
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
Los peritos de la Agencia Tributaria han sostenido este miércoles en el juicio por el saqueo del Palau de la Música que fondos entregados al auditorio por parte de Ferrovial por aparente patrocinio fueron a parar en efectivo a los extesoreros de CDC, el fallecido Carles Torrent y su sustituto y acusado Daniel Osàcar. extesoreros de CDC, el fallecido Carles Torrent Daniel Osàcar. El fiscal Emilio Sánchez Ulled sostiene que por este método el partido percibió un total de 3,7 millones entre el 2000 y el 2007.
Las explicaciones de los técnicos de Hacienda han dado sustento a las tesis de la acusación pública y han detallado la proximidad temporal de los cobros por parte de los extesoreros y las aportaciones que Ferrovial hacía a la Fundación del Palau de la Música en conceptos de patrocinio. Por ello, concluyen que el dinero que la constructora pagaba a la entidad cultural salía poco después mediante talones al portador, cuyos importes iban a parar a manos de Torrent y despues Osàcar.
Tanto los peritos de la Agencia Tributaria como de la acusación particular, ejercida por el Palau, como de la defensa de los exresponsables del auditorio, Félix Millet y Jordi Montull, han reconocido que se movían ingentes cantidades de dinero en efectivo y que eran retiradas de las entidades bancarias con cheques al portador. Una de las pruebas más importantes que corroboran estas operaciones es una libreta encontrada en la caja de seguridad de una caja de ahorros donde se apuntaban los ingresos y las salidas de cuentas corrientes, según los peritos de la Agencia Tributaria. El total, las salidas en efectivo ascienden a más de 22,7 millones, según la fiscalía. Otros 719.000 euros fueron destinados a retribuciones en negro a empleados del Palau.
Los peritos de Hacienda han reiterado que una parte sustancial de los fondos retirados por Millet y Montull del Palau fueron a parar directamente a los bolsillos de los dos exresponsables de la entidad, repartiéndose el dinero: un 80% y un 20%, respectivamente. Esta cantidad, movida entre el 2002 y el 2009, fue de más de 18 millones, aunque, según los investigadores, más de 9 millones de euros "han desaparecido sin dejar rastro". Los peritos de la defensa han asegurado que de esa cifra desaparecida, dos millones fueron a parar a sueldos en negro de empleados del Palau; 1,5 millones, a dietas para los miembros del coro y desplazamientos, y cinco millones se destinaron a pagar facturas.
EL CATALÁN DE UNA EMPRESA DE LEÓN
Las pesquisas practicadas han podido determinar qué persona cobró los cheques (empleados del Palau). En la mayoría de las operaciones no ha resultado posible determinar quién fue. El motivo: los bancos no han conservado la documentación justificativa. Sin embargo, algunos testigos han admitido que en los bancos no se les la documentación. Para justificar las salidas de fondos en efectivo, y ante una inspección de Hacienda, se fabricaron facturas falsas. Los peritos han puesto de relieve que una de ellas es de una empresa de León y está escrita en un perfecto catalán.
Además de las supuestas entregas a los extesoreros de CDC, hechos admitidos por Millet y Montull, el partido percibió 630.000 euros entre 1999 y el 2008 por los convenios firmados entre la entidad cultural y la fundación convergente Trias Fargas (ahora CatDem). Tanto esta cantidad como las entregas en efectivo no estaban registradas en la contabilidad oficial, según los peritos. A parte de estas sumas de dinero, el partido, según la acusación, se benefició de facturas falsas de proveedores del Palau y que correspondían a servicios realizados a CDC. La fiscalía reclama a la extinta Convergència 6,6 millones de euros.
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