Anna Gabriel acusa al Constitucional de impulsar un "golpe de Estado judicial" contra Catalunya
La diputada de la CUP considera "ridículo" hacer entrar en razón a los "gopistas" con alegaciones y vaticina más "amenazas penales" si el proceso sigue avanzando
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha redoblado la reprobación de los anticapitalistas a las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) --la última, la suspensión de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente del Parlament-- y ha acusado a este tribunal de impulsar un "golpe de Estado judicial" contra las instituciones catalanas.
Según ha argumentado Gabriel en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), habría que "remontarse a muchos años atrás y a episodios de golpe de Estado militar para ver altas instituciones del país amenazadas por la vía penal".
La diputada anticapitalista considera, pues, que es "ridículo intentar hacer entrar en razón a los golpistas" presentando alegaciones y consideraciones a las decisiones del TC. "Creemos que es una pérdida de tiempo absoluta intentar esgrimir argumentos jurídicos y políticos a un TC que tiene otra función, la de ser juez y parte", añade.
MENSAJE A PUIGDEMONT
En lugar del recurso, propone "llenar las calles", y vaticina que el Estado no se quedará aquí y que "las amenazas penales irán a más" si el proceso soberanista avanza hacia la independencia y la desconexión y si, como plantea la CUP, se intenta convocar un referéndum unilateral de independencia (RUI). Este escenario, a juicio de Gabriel, supone un "buenísimo momento" para "materializar la ruptura". "A los golpistas no se les hace entrar en razón, se articulan trincheras de democracia para plantarles cara", insiste.
Por último, la parlamentaria 'cupaire' lanza un mensaje al Govern de Carles Puigdemont para que no se arredre ante las "amenazas" del Constitucional y del Ejecutivo central: "No se entendería que alguien que hubiese tomado posesión de su cargo en esta legislatura posicionándose a favor de la ruptura con el Estado español no sea consciente de que hay la posibilidad de que se actúe penalmente contra nosotros. Y, por tanto, no se entendería que se echasen atrás por una mera amenaza del TC".
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