EMERGENCIA SOCIAL
Mariano Rajoy recurrirá también la nueva ley sobre pobreza si invade competencias
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El presidente Mariano Rajoy en un consejo de ministros reciente / periodico
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Gemma Robles
Directora de Red de Contenidos de Prensa Ibérica
GEMMA ROBLES / MADRID
El Gobierno ahora en funciones –que es el que ha recurrido una parte de la llamada ley de pobreza energética- asegura no sentirse intimidado por el frente que, desde la Generalitat, se ha impulsado para responder a la suspensión de una parte de esta norma en el Tribunal Constitucional. A la espera de conocer los detalles concretos de la decisión que se adoptó en la tarde de este martes en una cumbre convocada en Barcelona, en la que participaron Govern, grupos parlamentarios, alcaldes y entidades sociales, desde La Moncloa se avisa que si vuelve a aprobarse en el Parlament un proyecto legislativo que no respete el marco competencial vigente, no dudará en acudir de nuevo al Alto Tribunal.
“Si se elabora cualquier nueva ley no puede sobrepasar los límites competenciales”, advirtió en declaraciones a EL PERIÓDICO el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien sugirió a las autoridades catalanas que se empleen en buscar fórmulas que puedan favorecer o incrementar ayudas para los más necesitados sin traspasar su ámbito competencial. “No es necesario, es cuestión de darle vueltas a las fórmulas jurídicas, que las hay”, apuntó.
En este contexto, Ayllón quiso subrayar que el recurso impulsado el pasado viernes por el Gobierno al que él pertenece “no toca” la parte de la ley que atañe a las medidas para paliar la pobreza energética y que lo que se ha llevado ante el Constitucional es “una parte procedimental” relativa a los desahucios. "De la parte y las cuestiones más importante no se ha tocado nada. Y lo que se recurrido no se ha hecho por una cuestión política o por discrepar con el fondo. Estamos obligados a poner en manos del TC aquellas cuestiones en las que haya duda para que regule la competencia", aseveró.
LA COYUNTURA POLÍTICA
Es evidente que uno de los objetivos que persigue impulsar un nuevo “instrumento legislativo” desde Catalunya para tratar de sortear la paralización impuesta desde el TC es ganar tiempo, dado que el 26 de junio vuelve a haber elecciones generales en España y pudiera haber un cambio en el Ejecutivo. Las encuestas en este momento señalan a Mariano Rajoy de nuevo como ganador más probable, aunque sin mayoría absoluta, por lo que para repetir como presidente tendría que pactar.
Se da la circunstancia de que prácticamente todos los partidos, con la excepción del PP, han defendido públicablemente sus preferencias por evitar un recurso contra una ley de carácter tan social como la de pobreza y emergencia habitacional, por lo que no es descartable que el asunto pueda ser objeto de debate en futuras negociaciones de investidura. En todo caso los populares defienden hoy por hoy a capa y espada su recurso e insiste en que, si está en sus manos, recurrirá cualquier norma que bajo su punto de vista sobrepase los límites de la Carta Magna.
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