Puigdemont pedirá cita al próximo presidente del Gobierno
FIDEL MASREAL / XABIER BARRENA / BARCELONA
Junts pel Sí, la coalición que aglutina a las principales fuerzas del catalanismo soberanista, se presentó a las elecciones del 27-S con el ánimo de iniciar el camino hacia la independencia, vía la absoluta desconexión del Estado y al margen de las decisiones del Gobierno español. Otro tanto expusieron los integrantes de la coalición, ERC y CDC, en los comicios generales. Con todo, entre los primeros gestos del nuevo Govern de Carles Puigdemont está la voluntad inequívoca de que España cuente con un Gobierno alternativo al del PP.
Tanto es así que tras la primera reunión de trabajo del ejecutivo bipartito (de CDC y ERC e independientes adscritos), la portavoz y titular de Presidència, Neus Munté, ha explicado la voluntad de Puigdemont de pedir cita en la Moncloa al futuro presidente del Gobierno. Y confía en que este no sea Mariano Rajoy: "Lo deseable es que los pactos conduzcan a un nuevo gobierno que pueda escuchar las demandas de los ciudadanos y de los gobiernos de las comunidades autónomas, pero sobre todo que respete la democracia".
Y es que CDC no disimula tampoco su voluntad de jugar un papel en un hipotético acuerdo del PSOE con otras fuerzas en las Cortes. Lo explicitó el propio líder del partido, Artur Mas, en su discurso de despedida como 'president' ante el consejo nacional convergente hace tan solo una semana.
LA CUP, CON LA OPOSICIÓN
Pero más allá de grandes jugadas estratégicas en el Gobierno central, el bipartito tiene también afanes domésticos. Así, uno de los primeros acuerdos del nuevo ejecutivo de Puigdemont puede tener cierto recorrido polémico: el incremento del 1% del salario de personal del sector público para el 2016, "el porcentaje máximo que permite la normativa básica estatal", según ha esgrimido Munté. El caso es que el socio de Junts pel Sí, la CUP, está decidida a votar junto al resto de la oposición en el pleno de este miércoles exigiendo una recuperación total del poder adquisitivo cercenado a los funcionarios en el 2012 y "otros derechos laborales" durante los ejercicios de recortes presupuestarios de los gobiernos de CiU. La fuerza anticapitalista ha anunciado este martes que votará en contra de la enmienda de JxSí que pretende poner paños calientes a la medida, entre otros motivos, porque no hay un euro en caja.
EL DESMENTIDO
En cambio la CUP no ha mostrado su enojo por el hecho de que Munté haya negado la existencia de un acuerdo con la CUP por el que la Generalitat se retirará de diversos casos judiciales motivados por altercados o manifestaciones, como determinadas movilizaciones motivadas por huelgas generales. En este sentido, la portavoz ha aclarado por ejemplo que la Generalitat no se retirará del caso de los altercados por el desalojo de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona: "En todas las que se haya producido una lesión a trabajadores públicos o bienes públicos, como Can Vies, no habrá retirada de la personación".
Rosa Seguí, una de las integrantes de la Red ant represión de familiares de detenidas ha mostrado su perplejidad. "Ahora dicen una cosa y después otra, estoy indignada por los acontecimientos y preocupada porque estamos hablando de años de carcel". En concreto para su hijo la Generalitat pide siete años de prisión mientras que la fiscalía reclama un año y medio. A la espera de una confirmación oficial, Seguí denuncia la "desproporción de las penas" y una "impunidad policial y judicial".
RMI, A LA ESPERA
En relación a la promesa electoral de reforzar la prestacion de renta mínima, no ha puesto fecha a tal inyección económica pero sí que la Renta Mínima de Inserción (RMI) se volverá a convertir en un derecho subjetivo, es decir, que la prestación la recibirán todos los que reúnan los requisitos. Sin embargo no ha confirmado que se invierta la cifra de 70 millones, porque el nuevo vicepresidente ha de analizar las cifras: "Habrá que ver como podemos hacer estos incrementos presupuestarios".
En cuanto a la implicación de las compañías suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) en el apoyo al decreto gubernamental contra la pobreza energética, como reclaman las entidades del Tercer Sector, Munté ha asegurado que estas compañías ya se vienen implicando al respecto y ha afirmado que la implicación se reforzará. "Se seguirá haciendo e incrementando", ha asegurado.
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