CORRUPCIÓN
La juez de los ERE propone que sea el juez de refuerzo quien culmine la investigación a Chaves y Griñán
El juez de refuerzo Álvaro Martín, representante de la asociación conservadora de la magistratura, será el encargado de culminar la parte referida a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el marco del 'caso de los ERE' fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Así lo recoge la propuesta de división de trabajo realizada por la nueva juez titular de instrucción 6 de Sevilla, María Nuñez Bolaños, que se reserva para sí el desarrollo del resto de macrocausas que se siguen en dicho juzgado, como las irregularidades en los cursos de formación o en los avales concedidos por la Junta a empresas.
La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analizaba esta tarde el reparto de trabajo propuesto por la sustituta de Mercedes Alaya, aunque todo indica que obtendrá luz verde dado que se suelen seguir las directrices de los titulares de los juzgados. No obstante, tras el visto bueno del TSJA la propuesta aún deberá ser ratificada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPD).
Este reparto de trabajo se realiza de mutuo acuerdo y con el objetivo de “acelerar la instrucción” de una causa que lleva ya cinco años en los juzgados. Tras la marcha de Mercedes Alaya y la llegada de una nueva titular, ésta decidió dar un giro a una macro instrucción que acumula ya más de 260 imputados y decenas de miles de folios de sumario. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se habían mostrado a favor en reiteradas ocasiones de dividir la macrocausa en piezas separadas para hacerla más manejable y darle celeridad, frente al criterio de unidad mantenido por la anterior instructora Mercedes Alaya, y la división se produjo a finales del pasado verano, ya con Nuñez Bolaños al frente.
De esta forma, será el juez comisionado de refuerzo Álvaro Martín, quien inicialmente iba a encargarse del 'caso ERE' hasta que Nuñez Bolaños reclamó la plaza, quien concluya la investigación referida a los expresidentes autonómicos andaluces y medio centenar de altos cargos de la Junta de Andalucía. Deberán responder por la implantación de un procedimiento específico, considerado inadecuado, para la concesión de ayudas directas y sociolaborales a empresas en crisis sin ningún control previo, de forma arbitraria y sin publicidad. Martín, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental, también instruirá otras cinco piezas referidas a ayudas directas a empresas cuya investigación se encuentra ya en su recta final, por lo que podrían comenzar a enjuiciarse en 2016.
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