LA ENCRUCIJADA SOCIALISTA
Los críticos del PSOE de Madrid impugnan el último congreso
El destituido Carmona abandera una iniciativa que considera el cónclave "nulo de pleno derecho"
Continúa el ruido interno en el socialismo madrileño. Los críticos con la cúpula de esta federación, cuya primera decisión fue el cese de su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel CarmonaAntonio Miguel Carmona, van a impugnar este martes el último congreso, que a su juicio tomó decisiones que son "nulas de pleno derecho".
El propio Carmona abandera esta iniciativa, que muestra de nuevo la profunda división del antiguo PSM (ahora llamado PSOE-M), que ha aumentado desde la llegada al liderazgo de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y favorita del secretario general del partido, Pedro Sánchez. El cese del portavoz en el consistorio de la capital ya ha provocado, por ejemplo, la dimisión como secretario de Política Municipal de Javier Corpa, solo ocho días después de ser nombrado. Puede que no sea la única
TRES INCUMPLIMIENTOS
"La movilización tiene todo mi apoyo en defensa de los derechos de los militantes, conculcados en un congreso regional con numerosos actos nulos de pleno derecho", sostiene Carmona sobre la iniciativa, firmada por militantes y delegados, que será entregada este martes a mediodía en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para que la dirección del partido decida sobre el congreso impugnado.
Los críticos señalan que el cónclave, celebrado el pasado 31 de julio y en el que la nueva ejecutiva obtuvo solo el 52% de apoyo de los delegados, transgredió las normas en tres ocasiones.
Por un lado, explican, "se delegó a la ejecutiva entrante a reformar los estatutos, actos que solo corresponde al congreso y no al órgano que debiera ser controlado. Fue un acto de autoritarismo". Por otro, "se planteó una modificación estatutaria fuera de tiempo y forma, sin texto previo y ninguna información". Y por último, "se eligieron 49 miembros del comité regional, cuando los estatutos señalan que han de ser 70".
"O se soluciona la conculcación de derechos de los delegados o la ejecutiva regional debería dimitir", concluyen los críticos.
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