Zaida sopesa llevar a Defensa a los tribunales por no protegerla

La comandante Zaida Cantera, que sufrió un calvario laboral después de denunciar el acoso sexual de su superior, ha decidido defender sus derechos y buscar una reparación aunque tenga que llegar para ello a instancias internacionales. Después del impacto derivado de la narración en el programa 'Salvados' de su dolorosa experiencia y de presenciar el pasado miércoles en el Congreso el polémico comportamiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, al tratar de dar explicaciones sobre su caso sin reconocer errores,

Cantera ha contratado a una abogada experta en la materia para intentar resarcir sus derechos, aunque esto implique denunciar al Estado al máximo nivel por desprotección a una víctima que denuncia acoso.

Su letrada, Cruz Lara, de Exaequo Abogados, aseveró ayer en declaraciones a EL PERIÓDICO que va a "valorar" cuál es la situación de Zaida para iniciar cualquier tipo de acción que pueda amparar sus derechos, sin descartar hacerlo en un tribunal español o en organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la sede de Naciones Unidas.

PRECEDENTES

La propia Lara consiguió en el 2011 que la Audiencia de Madrid condenara como responsable civil subsidiario a otro ministerio, el del Interior, por no proteger adecuadamente a dos policías acosadas sexualmente por un comisario. La abogada considera que ese caso es similar al periplo sufrido por Zaida, quien primero fue acosada sexualmente por un teniente coronel y después, al no ser "protegida", también laboralmente por antiguos compañeros de promoción del acosador.

Esa situación la apartó de su trabajo por baja psicológica y la llevó a iniciar los trámites para abandonar el Ejército. La comandante acudió al ministro de Defensa en busca de amparo, pero su respuesta, ofrecerle un puesto en el Estado Mayor de la Defensa y recomendarle acudir de nuevo a los tribunales, no la satisfizo.

EL POSIBLE AMPARO INTERNACIONAL

La letrada no es la única que opina que el Gobierno no la ha protegido debidamente. Glenys de Jesús, directora legal internacional de Women's Link Worldwide, considera que su sufrimiento prueba que "no existía procedimiento que garantizara un proceso de denuncia efectivo" y que, por tanto, "su derecho a la protección se vulneró". "El Estado no ha actuado con la debida diligencia en la prevención cuando decide denunciar, ni para reparar el daño ni para impedir su no repetición", sostiene.

En la misma línea, Catalina Ruiz-Rico, profesora de la universidad de Jaén, considera que "en el 'caso Zaida' ha fallado la garantía de indemnidad, para que las consecuencias y los efectos adversos tras la denuncia puedan ser sancionados".