El Gobierno cambia el término "imputado" por "investigado" para eliminar la carga peyorativa
Justicia no atiende a los órganos consultivos y fija en 18 meses prorrogables el tiempo máximo de instrucción
PATRICIA MARTÍN / PILAR SANTOS / MADRID
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que acaba definitivamente con el término "imputado" que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los partidos a la hora de justificar la defensa de alguno de los cargos que están sometidos a una investigación judicial. A propuesta del Consejo de Estado, la norma prevé que se denomine "investigado" a quienes son llamados a declarar en presencia de su abogado y "encausados" aquellos a los que una vez avanza la investigacion la justicia decide procesarles y sentarles en el banquillo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el cambio terminológico responda a un deseo de maquillar la corrupción, sino de preservar la "presunción de inocencia", dado que el término "investigado", ha señalado, no tiene la carga de "presunción de responsabilidad" que en la actualidad conlleva la palabra "imputado".
El proyecto legal también prevé un plazo máximo de instrucción de las causas, de seis meses en los casos ordinarios y de 18 meses en las causas complejas, prorrogable a más de 36 meses por causas justificadas y si así lo solicita o bien el juez o bien el fiscal. El Consejo de Estado había mostrado su preocupación por la fijacion de plazos al considerar que la correcta indagación de delitos debe prevalecer sobre la rapidez, pero en este caso el Gobierno no ha atendido sus recomendaciones.
ESCUCHAS CON AUTORIZACIÓN
Catalá de nuevo ha justificado la imposición de límites temporales con el argumento de que se conocerá "antes la sentencia" y, por tanto, se eliminará el atenuante de "dilación indebida" con el que se ven favorecidos algunos criminales. "No habrá ningún tipo de impunidad" por introducir límites tasados de tiempo, ha sostenido.
La norma renuncia, por contra, a alguna de las propuestas iniciales que más polémica generó, como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniese las comunicaciones ante delitos graves sin autorización judicial. Los órganos consultivos desaconsejaron esta medida y el Ejecutivo ha decidido por tanto retirarla.
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