Alavedra, Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, a un paso del banquillo
El juez Ruz concluye la instrucción del 'caso Pretoria' y, junto a ocho imputados más, les acusa de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales
![El 'exconseller' Macià Alavedra abandona la prisión de Brians 2, el 7 de diciembre del 2009.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/886d48ed-b81f-4d20-9377-0619b620c7d4_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El 'exconseller' Macià Alavedra abandona la prisión de Brians 2, el 7 de diciembre del 2009. / periodico
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cerrado este jueves la investigación del 'caso Pretoria' y considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a 11 personas, entre ellas los exresponsables de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, así como al exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado del PSC Luis García Sáez, alias 'Luigi'.
En su auto, el magistrado les imputa delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y delitos continuados de blanqueo de capitales en el marco de una trama que presuntamente desarrollaron los imputados entre los años 2000 y 2009 para intermediar e influir en adjudicaciones públicas desarrolladas en el ámbito de la provincia de Barcelona. Ruz detalla tres operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Según relata Ruz en su escrito, los imputados, a cambio de su labor de intermediación, percibían "cuantiosas comisiones" que posteriormente ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer después a través de complejos entramados societarios y financieros.
En concreto, Ruz cifra en más de seis millones de euros, en el caso del 'exconseller' Alavedra, y en casi 15 millones, en el de Prenafeta, exsecretario de Presidència con Jordi Pujol, las ganacias obtenidas a través de este sistema. A su vez, García Sáez, a quien el juez otorga un papel "principal", sus ganancias ascendieron a casi 6 millones de euros, y 1,7 millones en el caso de Muñoz.
La investigación se ha extendido a otros seis países: Costa Rica, EEUU, Portugal, Alemania, Suiza y Andorra.
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