Las divergencias en la fiscalía dejan en el aire la querella del 9-N
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Alicia Sánchez-Camacho y Carlos Floriano, en la reunión del PPC.
J. G. ALBALAT / BARCELONA / M. BATALLAS / MADRID
Las divergencias surgidas en el seno de la Fiscalía Superior de Catalunya dejaron en el aire, al menos este viernes, la presentación o no de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por el proceso participativo celebrado el pasado 9 de noviembre. La mayoría de los miembros de la fiscalía catalana dejaron patente en una junta extraordinaria, forzada por el grupo de reticentes, que estaban en contra de la interposición de la querella, al considerar que no se podía argumentar ni probar que los máximos representantes del Govern hubieran cometido un delito de desobediencia por haber impulsado la consulta alternativa, a pesar de que el Tribunal Constitucional prohibió que se llevaran a cabo los preparativos. La reunión, que concluyó sin acuerdos, se retomará el lunes.
Fuentes del ministerio público confirmaron a este diario que ayer por la tarde no se había recibido en la Fiscalía General del Estado ninguna propuesta ni a favor ni en contra de la interposición de la querella. Las mismas fuentes precisaron que lo que el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha solicitado a Catalunya es un dictamen jurídico sobre los hechos desde el punto de vista penal, al igual que ya han realizado otras personas o fuerzas políticas sobre el 9-N. Fuentes fiscales negaron que la fiscalía general haya ordenado querellarse contra Mas.
CUESTIONES COMPLEJAS O URGENTES
Y es que este viernes por la mañana, los miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya opuestos a la presentación de la querella forzaron la celebración de una junta extraordinaria para debatir el asunto. El Estatuto del Ministerio Público establece que las juntas extraordinarias se "convocan para debatir cuestiones que por su urgencia o complejidad" se estime oportuno no relegar a una reunión ordinaria. La puede convocar el fiscal jefe por propia iniciativa o bien en virtud de una moción suscrita por un tercio de los fiscales destinados en dicha institución, como ha sucedido. Fuentes de la fiscalía catalana no recuerdan que en los últimos años se haya celebrado una junta por un caso concreto.
Según las fuentes consultadas por este diario, durante la reunión, los fiscales debatieron en profundidad si se debía o no presentar la querella contra Mas, aunque no se llegó a un acuerdo concreto y tampoco se llegó a hacer ninguna votación. Eso sí, los asistentes decidieron que continuarían la reunión el lunes. Nadie se atrevía ayer a hacer ninguna predicción sobre lo que ocurrirá. Si se corrobora que la mayoría de los fiscales están en contra, se debe hacer un informe no vinculante y elevarlo al superior jerárquico: el fiscal general del Estado, para que resuelva el dilema. Sin embargo, el debate suscitado en la fiscalía de Catalunya no impide que, paralelamente, se siga adelante con el redactado del dictamen encargado por Torres-Dulce.
PROCESOS EN MARCHA
El fiscal general del Estado dejó este viernes la puerta abierta por primera vez a que el ministerio público, al final, no presente la tan anunciada querella. "No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y nosotros tenemos que dictaminar si tenemos que interponer una querella y si lo entendemos procedente. Lo haremos cuando estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella", explicó durante un acto al que asistió en Burgos. "Yo, desde luego, puedo decir que no he recibido presiones del Gobierno. Me imagino que mis compañeros tampoco han recibido presiones de la Generalitat", añadió Torres-Dulce.
De hecho, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) está pendiente de la admisión a trámite de una querella (y sus seis ampliaciones) presentada por Manos Limpias. Los magistrados, precisamente, están a la espera desde hace días de que la fiscalía informe sobre la admisión o no de la querella contra Mas.
Asimismo, plataformas y partidos políticos presentaron antes y el mismo 9-N querellas contra el 'president'. La fiscalía avaló que se abrieran investigaciones por si se había cometido delito, pero rechazó apoyar las medidas cautelares, como la retirada de urnas. Estas denuncias están en manos de jueces de diversas poblaciones que probablemente las remitirán al TSJC al afectar a políticos aforados. El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ya ha remitido al alto tribunal la demanda que Societat Civil Catalana presentó la víspera del 9-N. Por lo tanto, la fiscalía puede optar por no presentar una querella propia y exponer su opinión cuando se la requieran los distintos juzgados en los que han caído las demandas presentadas por particulares y partidos políticos.
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