El Gobierno mueve contra el 9-N a sus funcionarios municipales

El Gobierno central está utilizando toda su artillería legal para intentar frenar cualquier acto de preparación de la consulta del 9-N. A los recursos e impugnaciones que presenta la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional contra cada decreto que firma el presidente de la Generalitat, Artur Mas, este martes se le sumó una carta de Delegación del Gobierno en Catalunya a todos los secretarios e interventores municipales para que utilicen sus prerrogativas legales para frenar cualquier preparativo de la consulta.

En la misiva, con remite del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se recuerda a estos funcionarios su «dependencia funcional de la Administración General del Estado», y se les advierte de que ello comporta en este caso impedir actuaciones municipales encaminadas a preparar la convocatoria del 9-N.

En este sentido, la carta recuerda la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 9-N, así como de «cualquier acto en aplicación de los mismos», e incluso «actuaciones vinculadas» a la convocatoria. Para que no haya dudas, el escrito insiste en que los secretarios e interventores municipales son «los primeros garantes del cumplimiento de la legalidad y el ordenamiento jurídico» de los consistorios y como integrantes de los poderes públicos tienen «la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en su ejecución».

IRRITACIÓN EN EL GOVERN

Esta nueva medida del Gobierno causó un profundo malestar en la Generalitat. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, calificó el envío de las misivas de «clara irresponsabilidad» porque intenta «poner a los funcionarios en un debate que es político».

A juicio del 'conseller' de Presidència, el conflicto institucional entre el Govern y el Ejecutivo central a cuenta de la consulta no se solucionará de este modo. Homs exigió «serenidad» a las autoridades del Estado.

La presión a los cargos municipales que dependen del Estado no fue la única actuación de ayer contra los preparativos de la consulta. El PPC, que está jugando un papel muy activo como vigilante de cualquier posible irregularidad por parte de las instituciones o de terceros, anunció ayer que pedirá al Consell de l'Advocacia Catalana las actas de las reuniones en las que se decidieron los miembros que integran las comisiones de seguimiento de la ley de consultas, que fueron propuestos por la comisión de control primero y ayer nombrados por un decreto firmado por el 'president' Mas.

El portavoz del PPC. Enric Millo, explicó ayer que las actas tuvieron que firmarse en un «momento determinado», y los populares quieren dilucidar si se firmaron antes de que se aprobara la ley o con la ley suspendida cautelarmente por el TC. De los 35 miembros de las siete comisiones de seguimiento de la ley (equiparables a las juntas electorales de zona), 14 fueron propuestos por el Consell de l'Advocacia Catalana.