Buen viajero pero mal gestor

Son pocas y faltas de concreción las referencias que se pueden encontrar en la Constitución sobre la relación del Rey con el mundo empresarial o las limitaciones a actividades privadas lucrativas. De la Constitución tan solo puede deducirse que hay dos actividades que la Corona debe contemplar. Una, del artículo 56, la «alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica». Parece asumible que esa misión incluye la de encabezar misiones comerciales, con sus ministros del ramo y los empresarios que buscan negocios al amparo de estas visitas.

La segunda referencia, aún por resolver  con solvencia, es la disposición de que el Rey «recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Este libremente, ha dado para todos los gustos e insatisfacciones en los límites del control democrático del dinero público. Durante años la discusión sobre si la asignación pública al Rey era excesiva o no apenas formó parte del debate público. Cuestión aparte ha sido la denuncia reiterada de la opacidad -con la aquiescencia de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP- con que se hacen las asignaciones y, sobre todo, la nula voluntad de informar de cómo se han ejecutado. La ley de transparencia no lo arregla.

Actividades paralelas

Pero el desgaste de la imagen del Monarca ha venido más bien por las actividades privadas, que ha podido ejercer también libremente por su estatus jurídico, ajeno a la responsabilidad civil y penal.

«Su abuelo, Alfonso XIII, fue un lince para los negocios, que eran públicos y conocidos, pero cometió el error de participar en todos los contubernios políticos. El nieto, Juan Carlos, ha tenido la prudencia -sobre todo tras el 23 de febrero de 1981-  de evitar las conspiraciones políticas, pero ha sido un desastre en sus actividades mercantiles». Lo afirma José García Abad, periodista (editor de El Siglo y Nuevo Lunes) e historiador, que ha escrito tres de los libros más independientes sobre la casa Borbón: La soledad del Rey,  El Rey y el Príncipe y Don Juan, náufrago de su destino.

De estos y otros textos puede deducirse una primera aproximación de la manera en que Juan Carlos afrontó sus actividades lucrativas. La primera, el recuerdo de la salida precipitada de la familia de España.  Alfonso XIII tenía en 1931 un patrimonio -personal y familiar- estimado (actualizado en euros) de 210 millones que quedó reducido a 18 millones. Nunca se ha sabido lo que tenían en el extranjero, aunque por la herencia del abuelo del Rey se deduce que dejó en España -del extranjero solo se  conoce una cuenta de 4,3 millones en Suiza- un patrimonio para sus tres hijos de 100 millones de euros. Don Juan, el padre del Rey, liquidó su herencia por solo 1,8 millones. Mal precedente.

Regalo de boda

Quienes explican la tendencia del Rey a actuar con esta memoria familiar recuerdan lo que explica uno de sus más allegados: «Lo malo es que cuando uno hace cosas feas por lo que pudiera pasar, lo que pudiera pasar acaba pasando».

Ser obsequioso con el Rey tiene un año de inicio, 1962. Juan Carlos (Monarquía sin trono) se casaba con Sofía de Grecia (entonces, monarquía ejerciente; hoy, en el exilio,  por lo de «lo que pudiera pasar»). Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, abrió una suscripción para igualar los 1,2  millones de euros de la dote de la novia. Quedaba abierta la práctica de las donaciones. Quien más propaló este tipo de dádivas, y quiso amparo por ello, fue José María Ruiz- Mateos, tras la expropiación de Rumasa en febrero de 1982.

De lo recogido en el citado artículo 56 hubo unas primeras prácticas -que fueron incluso bien valoradas en la época- de cuando el príncipe Juan Carlos, en plena crisis del petróleo de 1974, pidió ayuda a su pariente el rey Fahd de Arabia Saudí para que España no quedara desabastecida. Sucedió, y el mediador se llevó su comisión.

La relación con la familia saudí ha sido constante. Se sabe que el rey Fahd prestó al Monarca 100 millones de dólares sin interés a 10 años, pero que el administrador privado del Rey, Manuel Prado Colón de Carvajal, no lo supo administrar. Este mismo personaje -fallecido en el 2009- fue señalado por Javier de la Rosa, representante en los años 80 y 90 de los intereses de Kuwait en España, como receptor de una comisión de 100 millones de dólares que el emirato aportaba para conseguir que España rechazara la primera invasión del país del Golfo por Sadam Hussein, en 1991.

Tren de La Meca

De la Rosa, como el banquero Mario Conde, fue uno de los asesores financieros del Rey a finales del siglo XX y principios del actual. Ambos, Ruiz-Mateos y Prado acabaron en la cárcel -en casos y épocas distintos- tras diversas sentencias judiciales. El escudo del Rey no les libró, pero su aireada cercanía al Monarca afectó a la institución. Más discretos en estos menesteres fueron dos banqueros que acabaron siendo marqueses: Escámez y Samaranch.

Un repaso a los últimos viajes del rey Juan Carlos, cuando sus diversos percances físicos se lo han permitido, han sido a Kuwait, cuyos gobernantes dieron por cerrado el caso KIO en el 2008, y de nuevo a Arabia Saudí.

La labor del Rey de relación internacional se aplicó aquí en la adjudicación del proyecto del tren rápido de Medina a La Meca. Para ello contó también con el apoyo -para algunos, excesivo- de la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que desde el 2006 trabajó para estrechar la amistad hispano saudí.