Millet se estrena en el banquillo por el frustrado hotel del Palau

Un hombre tenaz y perseverante que hasta julio del 2009 estaba inmejorablemente conectado con las instituciones, con los políticos, con la burguesía y con las empresas catalanas. El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet Tusell, se sentará hoy, junto con su mano derecha, Jordi Montull, por primera vez en el banquillo de los acusados. Esta vez no serán juzgados por el millonario saqueo de la entidad cultural que dirigieron ni por su intermediación en el supuesto pago de comisiones a Convergència Democràtica (CDC), sino por una presunta trama de tráfico de influencias para construir un hotel cerca del auditorio que, al final, no se hizo. A su lado no se acomodará nadie ligado al partido de Artur Mas (como sí sucederá en el otro proceso), sino personas vinculadas a los socialistas catalanes. Junto a Millet y Montull estará la antigua cúpula de  Urbanismo de Barcelona, con el exteniente de alcalde Ramón García-Bragado a la cabeza.

El juicio por la operación del hotel del Palau, que se prolongará hasta finales del mes de marzo en la Audiencia de Barcelona, no es el más relevante económicamente (el desfalco en la entidad asciende a 30 millones de euros), pero no es un asunto menor. En su día, le costó la carrera a García-Bragado. El fiscal de Barcelona Antoni Pelegrí reclama 10 años y dos meses de cárcel para Millet y Montull por tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y prevaricación. García-Bragado; Ramon Massaguer, exgerente de Urbanismo; Enric Lambies, exjefe del servicio jurídico, y el arquitecto Carles Díaz se enfrentan a una petición de cuatro años y siete meses.

Amistades peligrosas

Según el fiscal, Millet y Montull promovieron una operación urbanística dirigida a «lograr importantes ganancias económicas». El proyecto era la construcción de un hotel de lujo cerca del auditorio. La acusación apunta a que los dos imputados se aprovecharon del prestigio de la entidad y de las relaciones derivadas de su posición para contactar con altos cargos a fin de que colaborasen en su plan.

La acusación sostiene que para conseguir la recalificación de unas fincas y «poder hacer el negocio lucrativo», contactaron con García- Bragado, en aquellos momentos secretario general de la Presidència de la Generalitat, y con Massaguer, gerente de municipal de Urbanismo. Les implica en la operación de la permuta de la calificación urbanística del solar en el que se iba a construir el hotel. En el 2006, Millet cedió la construcción del hotel a la empresa de Manuel Valderrama que, como comisión, supuestamente pagó a los exdirectivos del Palau 900.000 euros. En la tramitación administrativa figuraba como promotor el Palau y se hizo constar el interés público del proyecto del fallido hotel.

Las defensas de Millet y Montull argumentan que estos no cometieron delito alguno, que los contactos fueron los normales y que la operación inmobiliaria «obedecía a un interés privado pero legítimo». García- Bragado sostiene que la iniciativa tuvo un importante apoyo en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. El rechazo vecinal hizo que el asuntos llegara a la fiscalía, que presentó la querella. La investigación de la operación hotelera, que la juez calificó de «especulativa», comportó el ingreso en prisión preventiva de Millet y Montull durante 13 días. Ninguno de ellos ha pisado la cárcel por el expolio del Palau.