El TC insiste en que Catalunya no es una nación

El Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra el Estatut de Catalunya, aunque reproduce en la mayoría de los casos los argumentos que esgrimió el pasado mes de junio cuando rechazó el recurso presentado por el PP contra la carta catalana.

La resolución de este recurso se ha visto retardada por la actitud del magistrado Manuel Aragón, que quería que en los fundamentos de la nueva sentencia se repitiera que Catalunya no es nación. En esta ocasión, el fallo remite a lo recogido en la resolución del pasado mes de junio.

Sin embargo, en los fundamentos jurídicos se reitera que “los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña carecen de eficacia jurídica interpretativa”. También se define la expresión de pueblo de Catalunya como “el conjunto de los ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder público constituido en Generalitat de Cataluña. Justamente por ser destinatarios de los mandatos de ese poder público, el principio constitucional democrático impone que también participen, por los cauces constitucional y estatutariamente previstos, en la formación de la voluntad de los poderes de la Generalitat”. Y añade: “la expresión pueblo de Cataluña es por entero distinta, conceptualmente, de la que se significa en nuestro ordenamiento con la expresión pueblo español, único titular de la soberanía nacional que está en el origen de la Constitución y de cuantas normas derivan de ella su validez”.

En cuanto al uso del catalán en la enseñanza, el alto tribunal reitera que no se puede discriminar el conocimiento del castellano. “El castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

El resto de las cuestiones planteadas por el Defensor del Pueblo se remite a los argumentos de la sentencia del pasado mes de julio.

Con esta decisión, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas cumple con su compromiso de liberar al nuevo tribunal, tras la renovación de cuatro de sus jueces, de esta tarea. La resolución de estos recursos ha provocado una profunda crisis en el alto tribunal que intentarán salvar sus nuevos integrantes. Los magistrados nombrados por el Senado aún no han tomado posesión de su cargo y el Congreso todavía no ha nombrado a los sustitutos de otros cuatro jueces.