De la Vega supedita la anulación del juicio de Companys al Supremo

La ley de la memoria histórica evidenció ayer sus limitaciones en un doble escenario ubicado en México y Barcelona. En el país norteamericano, la nieta de Lluís Companys, María Luisa Gally, recibió el documento de reparación y reconocimiento del Gobierno español a la figura del que fue president de la Generalitat, fusilado el 15 de octubre de 1940. Y en la capital catalana, solo unas horas antes, la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que hasta ahí pueden llegar –en cumplimiento de la ley–, por lo que dejó en manos de los tribunales la anulación del juicio que reclama la familia y la Generalitat.

De la Vega recordó que con el «acto de justicia» de México, en el que participaron el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el conseller de Interior, Joan Saura, se cumple el «compromiso» del Gobierno estatal. Y añadió un guiño de complicidad a la Generalitat, tras reunirse con el actual president, José Montilla, al mostrar su «respeto» hacia la decisión del tripartito de insistir en la reclamación de nulidad. De hecho, la reparación es el requisito previo para llegar a ese objetivo, aunque su consumación no será fácil, tal y como se demostró en la tramitación de la ley de la memoria histórica, de la que saltó en el último momento la posibilidad de revisar y anular los consejos de guerra franquistas, ante la presión de la propia judicatura.

TODAS LAS VÍAS / Por ello, a partir de ahora, los focos estarán puestos en el Tribunal Supremo, el órgano al que le corresponde declarar nulo el proceso que desembocó en la ejecución de Companys. También desde Catalunya se puso el énfasis en este punto, pues el president Montilla, se dio por satisfecho con la labor realizada por el Ejecutivo central en este asunto. Y recordó que ahora es el turno de los tribunales.

Montilla subrayó que él mismo dejó claro hace un año, ante la tumba de Companys, que la Generalitat estaba dispuesta a seguir las vías «jurídicamente necesarias y políticamente convenientes para anular la sentencia de muerte». Así, aseguró que la declaración del Ejecutivo central «da pie a un nuevo paso que emprenderá el Gobierno catalán».

REUNIÓN EXTRAORDINARIA / El paso al que se refería el president será la petición formal de anulación y lo dará el Ejecutivo catalán mañana en una reunión extraordinaria convocada a tal efecto el día del 69º aniversario del fusilamiento de Companys.

Además, la fecha del 15 de octubre será recordada por el Govern y todos los partidos. ERC ha invitado este año a su tradicional marcha de antorchas en el castillo de Montjuïc al presidente del Barça, Joan Laporta, en una nueva incursión política del mandatario azulgrana.