Las Cortes aprueban definitivamente la ley de la memoria histórica

Las Cortes Generales han dado su visto bueno definitivo a la ley de la memoria histórica después de que el Pleno del Senado haya rechazado hoy los vetos presentados por el PP y ERC y las 112 enmiendas que han registrado los grupos parlamentarios.

De esta manera, la iniciativa ha superado su último trámite en la Cámara Alta sin que se introduzca alguna modificación respecto al texto aprobado el pasado 31 de octubre por el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de PP y ERC.

Esta norma entrará en vigor un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría ocurrir antes de que acabe esta misma semana.

Al contrario que lo que ocurrió en el Congreso, el trámite de esta ley en el Senado ha sido bastante breve, ya que solo han hecho falta dos reuniones de Ponencia, una sesión de la Comisión Constitucional y el posterior debate en el Pleno para su ratificación definitiva.

"Valioso paso colectivo" para el PSOE

En el transcurso del debate de la norma en el pleno de la Cámara Alta, el PSOE ha defendido la necesidad del proyecto para promover la reparación moral de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, mientras que el PP ha denunciado que el Gobierno ha convertido esta ley en un "arma arrojadiza" que está provocando "efectos negativos" en la sociedad española.

Desde la bancada socialista, la senadora Lentxu Rubial ha afirmado que su grupo no pretende "ningún revisionismo, ni hacer electoralismo" con esta iniciativa, que no tiene "ningún ánimo revanchista".

La parlamentaria, hija del histórico dirigente socialista Ramón Rubial, ha asegurado que esta norma supone un "valioso y definitivo paso colectivo" en el "camino de la reconciliación" iniciado durante la Transición.

Críticas del PP

Las mayores críticas a esta iniciativa, que se titula oficialmente "ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", las ha vertido en el debate el senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso.

El parlamentario popular ha tachado de "innecesaria e inútil" esta ley, que, a su juicio, se disfraza de "iniciativa de concordia" para dar "un paso más en la estrategia de ruptura" del Ejecutivo "del pacto constitucional".

También ha querido dejar claro que existen elementos suficientes en el ordenamiento jurídico para reparar daños a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil, y que el Ejecutivo podría haber articulado nuevas medidas para los casos no regulados mediante decreto y no con la aprobación de esta norma.

ERC también se ha opuesto a la ley al considerarla "insuficiente" y por no eliminar los "claroscuros" de la Transición, según el senador Miquel Bofill. Bofill ha explicado que su grupo seguirá trabajando por la elaboración de una ley "justa y coherente" y en la que no existan "dos varas de medir" en algunos apartados.