Canarias insta a PSOE y PP a negociar para asegurar el reparto de menores vía decreto

Los grupos parlamentarios de las Islas hacen borrón y cuenta nueva. Canarias no desiste en su empeño por conseguir un decreto ley que permita derivar a los casi 5.500 niños y adolescentes migrantes que están bajo la tutela del Gobierno regional. Pese al estacazo del pasado martes en el Congreso de los Diputados, cuando Partido Popular y Junts rechazaron la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que haría obligatorio el reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aún considera posible que el Gobierno de España y el PP se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo que permita al Consejo de Ministros aprobar la nueva norma a través de decreto ley.

El apoyo de los populares es imprescindible, porque su voto permitiría convalidar en las Cortes Generales el nuevo texto, aunque después se tramite como proyecto de ley y se puedan presentar enmiendas.

Clavijo se mostró esperanzado después de mantener una reunión urgente con las formaciones firmantes del Pacto Canario por la Inmigración –todas las fuerzas parlamentarias excepto Vox– en la que, aseguró, hubo "palabras duras". Minutos después del encuentro, los representantes de PP y PSOE y mostraron dispuestos a dialogar y a acercar posturas para llegar a un punto de encuentro.

"Es cierto que hay enfrentamiento y estoy convencido de que hemos sido prisioneros de la crispación. Pero no podemos tirar la toalla, no nos podemos resignar a que sufran los niños y las niñas, a vulnerar sus derechos y a que se deje sola a Canarias", señaló el presidente canario.

Dentro de la M30

Las fuerzas políticas insistieron en destacar la unidad de acción y reafirmaron la vigencia del Pacto Canario por la Inmigración, pero NC y PSOE advirtieron de que "no consentirían" más deslealtades. "En Canarias, nos sentamos y hablamos, porque somos conscientes de lo importante que es el asunto", destacó Clavijo. Si bien, la negociación entre los dos principales partidos de España se tendrá que llevar dentro de la M30, donde se antepone el juego político y se enturbia la búsqueda de espacios comunes. 

El respaldo del PP no solo es fundamental para sacar adelante la reforma legal, sino para contar como aliadas a las comunidades autónomas gobernadas por los de Núñez Feijóo, ya que los ejecutivos regionales son los que tendrán que acoger a los menores. Por esto, Clavijo insistió en que tiene que haber un "acuerdo de Estado".

Además, el presidente canario recordó que la situación de las Islas puede llegar a ser "disparatada", si se repiten las cifras del año pasado, cuando el flujo migratorio se intensificó y la nueva llegada de menores sin el respaldo de un familiar adulto tensionaría más la red de acogida del Archipiélago, que está a un 300% de su capacidad.

El presidente canario viajará este domingo a Madrid y, de momento, en su agenda hay una reunión con las entidades del tercer sector. No obstante, se mostró abierto a participar en cualquier encuentro que se produzca entre socialistas y populares para tratar de acercar posturas. "Estamos el día que sea la hora que sea", apuntó Clavijo, quien no descarta que el decreto ley se pueda aprobar el martes en el Consejo de Ministros. "Cuando hay voluntad las cosas suceden", apostilló el presidente canario.

PSOE, CC, PP, Nueva Canarias, (NC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI) debatieron sobre "los errores, sinsabores y decepciones" producidos por el fracaso de la reforma de la ley de extranjería, pero también pusieron sobre la mesa la necesidad de intensificar los esfuerzos para pactar soluciones.

El portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, insistió en que su partido siempre ha estado abierto a negociar y recordó que algunas de las condiciones del PP ya han sido aceptadas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha sido el principal interlocutor con el Gobierno de Canarias durante los ocho meses en los que se trabajó en el nuevo texto legal.

Franquis garantizó que él habla en nombre de los 121 parlamentarios del PSOE en la Cámara Baja, pero puso en duda que el PP de Canarias pueda hacer lo mismo con sus 137 diputados nacionales. Además, afeó que los populares hayan optado por tumbar la reforma para evidenciar una nueva derrota del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados.

O todas las comunidades o nada

La portavoz del grupo popular en el Parlamento canario, Luz Reverón, también hizo hincapié en que su partido está abierto a sentarse con el Gobierno central, pero advirtió de que darán su apoyo solo si se tienen en cuenta sus propuestas. El PP planteó seis requisitos, entre los que destaca la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, "para escuchar a las comunidades", que ya se prevé celebrar en septiembre.

Además, los de Núñez Feijóo exigen que el Ejecutivo de Sánchez garantice una ficha financiera que permita a las autonomías sufragar los gastos derivados de la acogida de los niños y adolescentes migrantes. También consideran fundamental la declaración de la emergencia migratoria en todo el Estado, en aras de que la gestión de los trámites burocráticos sean más ágiles y permitan dar una respuesta más ágil. Por último, Reverón apuntó que otro requerimiento es no dejar fuera del reparto a ninguna comnidad, en referencia al rechazo de Junts a que Catalunya reciba a menores migrantes llegados al Archipiélago. 

"Creo que podemos hablar de fracaso colectivo", aseguró el portavoz de CC en el Parlamento Canario, José Miguel Barragán, quien añadió que el problema de la infancia migrante en las Islas es "lo suficientemente grave" como para no rendirse.

Para el portavoz de AHI, Raúl Acosta, lo ocurrido el martes fue "una vergüenza", pues El Hierro, con apenas 11.000 residentes, tiene más menores no acompañados que comunidades autónomas con millones de habitantes. Por esto, considera imprescindible trasladar a Madrid la situación y apostar por la negociación para lograr un decreto ley.

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