El PP exige garantías de financiación para las autonomías que acojan menores migrantes

Nueva zancadilla al reparto de niños y adolescentes migrantes a las puertas del verano. El PP amenaza con no apoyar el texto legal pactado entre Madrid y Canarias para la acogida obligatoria por parte de otras comunidades autónomas si antes no se garantiza que habrá presupuesto para atender a estos menores. El líder de los populares en las Islas y vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, exige ahora, tras su visita de ayer a la sede nacional de la formación, que se asegure a las regiones receptoras fondos suficientes con los que responder a las necesidades de los jóvenes "durante todo el tiempo que los tengan bajo su tutela".

El texto acordado para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería no establece una ficha financiera concreta, pero sí señala que "en los criterios de aplicación del plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo". Un párrafo que los populares entienden poco concreto.

Además, como segunda condición, Génova defiende que para agilizar las contrataciones para la acogida el Gobierno de España debe declarar una emergencia social similar a la que ya aprobó Canarias el pasado octubre. Si ello contradijera la Ley de Contratos del Estado, entonces entienden que las autonomías tendrían libertad para hacerlo. "Nuestra propuesta es que cuando un mínimo de tres comunidades estén en una situación de saturación se declare la emergencia para poder llevar a cabo todas las contrataciones pertinentes de manera urgente. No es cuestión de saltarse la ley, es cuestión de acelerar los procesos bajo la figura de la emergencia, que está contemplada en la legislación española", apuntó Domínguez.

70.000 migrantes

El contenido de la modificación legal, según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, ya está pactado y tan solo queda por definir la forma legislativa por la que se aprobará. Canarias mantiene su apuesta por la vía del real decreto ley, que es más rápida, pues entraría en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque tendría que ser convalidada por las Cortes Generales en un plazo de 30 días; y el Estado defiende que se haga a través de una proposición de ley, que ofrece más garantías legales, pero requiere el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Al PP, parte del Gobierno de Canarias, se le daba por descontado el voto a favor, hasta ahora.  

Manuel Domínguez exige al Gobierno de España abrir las negociaciones a todas las comunidades autónomas

Ante el rechazo mostrado ayer por las comunidades autónomas hacia el acuerdo, por considerarlo "unilateral", en Génova –que tienen sobre la mesa el acuerdo alcanzado con el Estado– no lo quieren dar aún por cerrado y plantean un debate más amplio. Domínguez, de vuelta de Madrid, sostenía ayer que hay "predisposición a la negociación" y pedía convocar de forma urgente la Conferencia de Presidentes, para pactar los criterios para los traslados y las nuevas obligaciones legales. Además, plantea la necesidad de hablar de un plan de derivación a la Unión Europea.

El vicepresidente canario criticó que desde Moncloa no se esté buscando el acuerdo entre las comunidades autónomas, una medida que, asegura, el PP lleva pidiendo meses. "Desde el inicio pedimos abrir el diálogo a todas las regiones. Tiene que haber criterios claros y negociados, pero el Gobierno y, particularmente, el ministro Torres, se niegan a abrir las negociaciones. No hay criterio político, ni responsabilidad, ni transparencia", lamentó.

Los populares son conscientes de la emergencia humanitaria, pero las condiciones que pone sobre la mesa la cúpula nacional ponen palos en las ruedas de una negociación iniciada hace seis meses. El pico de llegadas de migrantes que se está registrando en los primeros días de junio hacen prever un verano intenso en la ruta canaria. Según las previsiones del Ministerio del Interior, unos 70.000 más podrían arribar al Archipiélago de forma irregular antes de finalizar el año y, aproximadamente, el 5% de los ocupantes de los cayucos y pateras serán menores de edad. En la actualidad más de 5.600 niños y adolescentes están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, 250 de ellos llegados en los primeros días de junio.

Deslealtad

Además, los populares de Canarias acusan a Torres de querer "reventar a la negociación". Domínguez considera que el ministro evidenció "su poca intención de llegar a acuerdos" con la publicación el martes del vídeo en el que anunció que se había alcanzado un acuerdo. "Creo que pretende reventar la negociación y buscar un culpable, que en este caso quiere que sea el PP de Canarias", afirmó Domínguez, quien apuntó que la intención del Ejecutivo central es "salvar Cataluña", pues ya ha manifestado su rechazo a este acuerdo y Junts per Catalunya ha pedido las competencias en migración. El vicepresidente canario considera "muy grave" que exijan el apoyo del PP sin antes haber analizado y negociado el texto y sostiene que "estas no son las formas".

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El líder del PP en Canarias niega que su petición de contar con las comunidades autónomas para cerrar la reforma del texto del artículo 35 de la ley de extranjería tenga que ver con la negativa de Vox de acoger niños y adolescentes migrantes en las regiones en las que gobierna como socio de los populares. "Si tuviéramos miedo a tensar esos acuerdos, no se hubiera aceptado el traslado voluntario de menores a esos territorios. Castilla y León, Aragón y Valencia, donde hay pactos con Vox, son claros ejemplos, pues ya han recibido menores derivados desde Canarias", defendió Domínguez, quien considera que el Gobierno de España quiere "entrar a vivir en casa del vecino, sin pedirle las llaves, ni decir el tiempo que se va a quedar, ni acordar quien va a pagar la comida".

Manuel Domínguez exige al Gobierno de España abrir las negociaciones a todas las comunidades autónomas

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, sostiene que es necesario aprobar esa norma "cuanto antes" y que se debe hacer "como se mandató desde el Parlamento", es decir, "con los más amplios consensos posibles". Por esto, Delgado ve imprescindible involucrar a todas las comunidades autónomas. "La ministra ha dicho que se va a hacer una Conferencia Sectorial para tratar este tema y que va a ser en Canarias en las próximas semanas. El objetivo es dilucidar la letra pequeña del acuerdo y de lo que implica para las comunidades", concluyó.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, pidió ayer en el Pleno de la Cámara regional a Domínguez y al PP que apoyen el "esfuerzo" de Torres y del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para cerrar al acuerdo alcanzado sobre el reparto de menores migrantes. "Daremos un paso de gigante con el acuerdo si ustedes se unen a esta reforma legislativa", señaló Fierro, quien mostró su preocupación por la "deriva voxniana" del PP y sus afirmaciones sobre la migración en la pasada campaña electoral.

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