El Consejo de Ministros aprueba presentar un recurso ante el Constitucional sobre la ley de memoria de Aragón

El Gobierno de España ha confirmado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por la derogación de la ley de memoria en Aragón, aprobada el pasado 29 de febrero por el Ejecutivo PP-Vox. Así lo han anunciado tanto la aragonesa Pilar Alegría como el titular de la cartera de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. Alegría ha insistido en que el Ejecutivo de Sánchez ha tomado esta decisión "tras agotar las diferentes vías", en referencia a la bilteral convocada recientemente y que la DGA rechazó, y ha subrayado que les amparan los distintos informes de los relatores de la ONU y del Consejo de Estado.

El ministro Torres, por su parte, ha desgranado que este último documento, emitido recientemente por el Consejo de Estado, subraya que el derecho internacional público "reconoce el deber de memoria y obliga a España", algo que el Gobierno central "cumple y satisface" con la ley estatal aprobada en 2022. Además, el informe señala que con la derogación de la norma aragonesa "se incumple el principio de deber de colaboración del Estado".

Según Torres, los casos más flagrantes que ataca dicha derogación responden a la "retirada de las placas de señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria", así como a la eliminación del sistema educativo de la "reparación de las víctimas" o la supresión del "mapa de fosas", un hecho que, según dice, "dificulta la labor de las asociaciones memorialistas y de la propia transparencia".

Asimismo, el titular de Memoria Democrática también ha insistido, en la línea de su compañera Pilar Alegría, que su Ejecutivo "ha querido hablar, sentarse y negociar" y que, con su rechazo a la bilateral, la DGA "no solo dice no al Gobierno de España, sino que también dice no a la ONU, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos".

La DGA mantiene que su actuación fue "intachable"

Por contra, la DGA mantiene que su actuación fue "jurídicamente intachable", ya que cuenta también con el respaldo de un informe del Consejo Consultivo de Aragón, generando una suerte de cruce de pareceres entre órganos jurídicos estatales y autonómicos. En cualquier caso, la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, ha reiterado este martes que la posición del Ejecutivo PP-Vox es "la misma" y ha acusado al Gobierno central de estar instalado en una "política de confrontación".

En cuanto al recurso, Vaquero ha incidido en que va "en contra de la autonomía y de las Cortes de Aragón, que representan a todos los aragoneses", ya que, recuerda, tanto PP como Vox concurrieron a las últimas autonómicas "avisando de que nuestra intención era derogar esta ley". Del mismo modo, la vicepresidenta ha insistido en que su Gobierno sigue trabajando para poder presentar su plan de concordia, "con el máximo consenso posible", antes de verano, aunque no ha especificado fechas concretos.