El Parlament indaga en los gastos personales que Garriga cargó a la Cámara para decidir si le sanciona

La Mesa del Parlament debía abordar este martes la cuestión de los gastos personales que el diputado de Vox, Ignacio Garriga, emitió a nombre del grupo parlamentario durante los años 2021 y 2022, en los que figuran, entre otros pagos, la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos (AMPA) o pedidos de comida a domicilio. Sin embargo, la decisión del órgano rector ha sido aplazar la tramitación de este tema y el estudio de las sanciones que se pudiera derivar de ello, a la espera de recibir más documentación.

El partido de ultraderecha presentó la semana pasada un escrito para justificar estas partidas, después de que la Oïdoria de Comptes, el órgano del Parlament encargado de revisar las cuentas, emitiera un informe donde señala que las facturas de gastos personalesde Garriga ascienden a un valor total de más de 39.000 euros, y constata algunos de los conceptos extraoficiales como los citados o los de "peluquería y tintorería".

El informe se elaboró después de que la exdiputada de Vox, Isabel Lázaro, denunciara ante la Oficina Antifrau de Catalunya supuestas irregularidades en las cuentas presentadas por Garriga, quien negó las acusaciones, pese a estar verificadas por la Cámara, y amenazó con presentar querellas contra los periodistas que informaron de esta cuestión por "calumnias".

Al conocerse esta información emitida por la Oïdora de Comptes, la Mesa de la Diputación permanente de la pasada legislatura encargó a los letrados y al secretario general de la cámara un informe para conocer qué competencias tiene para actuar en estos casos y elaboró una nueva regulación más estricta a la hora de justificar las subvenciones de los grupos parlamentarios, y que obliga a estos a devolver los importes de las subvenciones si no presentan documentación necesaria para rendir cuentas.

Falta de documentación concluyente

Tras valorar el escrito presentado por Vox, fuentes del hemiciclo aseguran que, de momento, la información que se dispone no es suficientemente concluyente, y, por lo tanto, señalan las mismas voces, el secretario general ha pedido ampliar la documentación recibida antes de realizar el informe solicitado por el órgano rector. Por ahora, el plazo está fijado en 15 días, que es cuando hay convocada una nueva Mesa ampliada para estudiar el caso y las posibles penalizaciones.

Los Comuns, que han pedido participar en la próxima reunión de la Mesa agendada para debatir este tema, también ha solicitado que se constituyan cuanto antes las comisiones estatuarias -aquellas que se recogen el reglamento-, con la intención de que se forme la comisión del Estatut del Diputats, el órgano que, entre otras funciones, debe proponer al pleno la suspensión temporal de los derechos económicos de un diputado.

Constitución de las comisiones estatuarias

Es precisamente potestad de la Mesa y de la Junta de Portavoces -que se ha reunido este martes por primera vez en esta legislatura- fijar el número de miembros de los grupos parlamentarios que deben integrar las comisiones y decidir qué comisiones son las que deben tramitar los proyectos y las proposiciones de ley. Ambos órganos deciden también quien preside la comisión, la vicepresidencia y las secretarías, pero, aseguran las mismas fuentes, todavía no se ha acordado nada, ni hay un calendario previsto para ello.

Con la primera reunión ya celebrada, el siguiente paso es la celebración del pleno de este miércoles, que será cuando el presidente Josep Rull trasladará a la Cámara que a falta de un candidato para la investidura, el reloj hacia la repetición electoral empezará a contar. Lo constará firmando un acto equivalente a una investidura fallida, una herramienta que ya se usó cuando la inhabilitación de Quim Torra y que permite activar la cuenta atrás sin una primera votación fallida, como marca el reglamento.