Solidaridad autonómica, pero no tanta

Podrán correr ríos de tinta sobre si el “modelo de financiación singular” para Catalunya recogido en el acuerdo entre PSC y ERC para la investidura del president Illa es en sí mismo un “concierto económico” -como gustan llamarlo los de ERC-, o no lo es (como sostiene la vicepresidenta María Jesús Montero). Tiene razón Montero al decir que el acuerdo no habla de “concierto económico”. Pero también tiene razón ERC al llamarlo así, porque el “modelo de financiación singular” descrito en el acuerdo se parece mucho al concierto económico que rige en el País Vasco y en Navarra.

La principal diferencia es que, en lo que podría llegar a ser el “concierto catalán”, Catalunya debería hacer una contribución de solidaridad al resto de comunidades con el fin de que “los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”, según el texto del acuerdo. Ni País Vasco ni Navarra hacen contribución alguna de este tipo. Esto es algo que el debate catalán ha puesto en evidencia, para disgusto de vascos y navarros.

Opinión ApunteRosa María Sánchez

Principio de ordinalidad

Catalunya contribuye con 1.300 millones a la solidaridad autonómica. Madrid lo hace con 5.168 millones y Baleares, con 254. Es dinero que se reparte entre el resto de autonomías. Si se cumple lo pactado, la aportación a la solidaridad tendría un límite: si ahora Catalunya es la tercera comunidad que más dinero por habitante aporta al sistema (tras Madrid y Baleares), en el futuro tendría que aportar, sí, pero hasta un límite que no le impida ser la tercera también en recibir, y no la décima, como sucede ahora. (Ahora, Madrid pasa del primer puesto en aportar al 8º en recibir y Baleares, del 2º al 15º). Esto es lo que se llama 'principio de ordinalidad' y el texto del acuerdo ente PSC y ERC deja claro que sería extensivo a todas las comunidades, ya en 2025. "Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación que, en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias", según lo pactado. Y cabe pensar que esta compensación será con cargo a los Presupuestos del Estado, los de todos.

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