Proteger a un colectivo cada vez más frágil

Según los datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud en el último Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15% de los mayores de 65 años asistidos en diversos tipos de recursos de atención comunitaria sufren alguna forma de maltrato. La ONU cifra este fenómeno en la población general de los países desarrollados entre el 1% y el 10% de los ancianos. Quizás en un país, como España, con un sistema de pensiones extenso, que garantiza la autonomía económica de gran parte de los jubilados, esta cifra debería estimarse a la baja. Pero al mismo tiempo, en una sociedad en que las familias son cada vez más reducidas, la posibilidad de llegar a una situación de dependencia sin un entorno familiar que se haga cargo es cada vez más habitual y la proporción de población anciana crece y llega cada vez más a edades más avanzadas, este problema que ya hoy es preocupante no puede hacer más que crecer.

Las situaciones en los que esta franja de edad puede sufrir maltratos, abusos o ser víctima de actos delictivos son muchas. Desde la desatención por parte de cuidadores a las estafas desaprensivas, abordando a los ancianos en la calle, engañándolos con falsas visitas de operarios o utilizando asaltos telefónicos cada vez más sofisticados. O lo que resulta aún más dramático, las situaciones de apropiación de bienes y violencia que suceden en el interior de los familias, especialmente cuando convivir con un descendiente afectado por enfermedades mentales o adicciones, o cuando las situaciones de maltrato machista se prolongan sobre víctimas cada vez más frágiles, convierte el propio hogar en una trampa en la que aún resulta más difícil defenderse.

En este contexto, el servicio de la Fiscalía de Barcelona de protección y tutela de las víctimas del delito, especialmente las más vulnerables, como ancianos, menores y personas discapacitadas, pasará a extenderse con una red de fiscales de enlace que se coordinarán con la actual delegada de esta área. Esta iniciativa impulsada por la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, se suma a otras iniciativas que son tan necesarias como aún insuficientes. Los Mossos, están en contacto permanente con entidades de gente mayor o espacios donde estas socializan para advertirlas de las múltiples, cambiantes y engañosas formas de estafa, en una labor de prevención capilar. Por ejemplo, la comarca del Anoia cuenta desde 2015 con un servicio pionero en Europa financiado por el Consell Comarcal, el Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, que se dedica única y exclusivamente a atender y acompañar los ancianos que sufren maltrato en esta comarca. El resultado es que el número de situaciones detectadas y denunciadas en su área de actuación es del triple de la media en Catalunya. Es decir, es razonable deducir que a falta de un recurso de este tipo en todo el territorio, un número importante de casos que podrían ser atajados siguen sin ser detectados por el radar de servicios sociales o cuerpos de seguridad. Porque esa opacidad es el principal obstáculo para intervenir, según señalan los responsables del servicio de fiscalía que aspira a promover la persecución de estos abusos. Algo que solo será posible amparando desde la justicia, desde los servicios sociales o policiales o desde la atención sanitaria a quienes tienen cada vez más difícil defenderse.