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Jordi Nieva-Fenoll

Jordi Nieva-Fenoll

Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.

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Un espectáculo incomprensible

La evasión del jueves del expresident ha ayudado a consolidar su riesgo de fuga ante cualquier tribunal europeo, puesto que lo sucedido ha trascendido en varios medios de comunicación internacionales. Y ello, desde luego, complica su futuro también en el extranjero

Carles Puigdemont con Jordi Turull y Gonzalo Boye

Carles Puigdemont con Jordi Turull y Gonzalo Boye

Seguro que saldrán algunas voces que dirán el consabido “tot està pensat” que tanto se oía en 2017. Pero la realidad es que el vodevil escapista que protagonizó el jueves Carles Puigdemont es tan sumamente incomprensible como fue la declaración de independencia de 2017. No se entendió ya entonces cuál fue la importancia política de aquella declaración si ninguno de los políticos que la hicieron estaba dispuesto a defenderla, mucho menos quien ni siquiera permaneció en Catalunya. De hecho, su único efecto fue la desaparición de lo más preciado políticamente: el autogobierno, más allá de los procesos judiciales que nunca debieron iniciarse. Se perjudicó así la imagen y solvencia de la Generalitat. Igual que ayer se dañó muy gravemente exactamente eso, la imagen y solvencia, de otra de las instituciones más importantes de Catalunya: los Mossos d’Esquadra,en cuyas filas trabajan muchísimos agentes y mandos que en absoluto se merecen lo que ha ocurrido.

Pero al margen de todo esto, que descarta la más mínima relevancia política positiva de la 'performance', positiva para el independentismo al menos, cuesta todavía más de entender por qué Carles Puigdemont ha decidido complicarse con semejante ahínco su futuro procesal. Ya era imposible entender que decidiera volver justamente ahora. Nunca tuvo que haberse ido, pues de haber sido así, la dureza de los procesos penales hubiera sido muy inferior. En todo caso, el expresident optó por jugar una partida en diversos tribunales europeos que le salió medio mal en Alemania -le entregaban por malversación-, estuvo muy cerca de fracasar absolutamente en Italia -sus jueces estimaron erróneamente que tenía inmunidad cuando ya no la poseía-, y tuvo pronunciamientos en Bélgica que casi siempre eludían el fondo de la cuestión. Todo ello en un contexto en que el magistrado instructor tampoco ha empleado su mejor habilidad jurídica para conseguir el éxito de la euroorden, que además era imposible imputando un exagerado delito de rebelión.

Todo ello le otorgó ante sus incondicionales una imagen de invulnerabilidad que nunca fue real. Tarde o temprano, abandonadas las imputaciones hiperbólicas de delitos -rebelión y sedición- poco a poco su caso hubiera ido quedando en un olvido que le convenía pero que, incomprensiblemente, es obvio que nunca ha querido. Perdida la oportunidad de haber regresado en mejor momento, ahora mismo era absurdo volver, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo está haciendo todo lo contrario a olvidar este caso, llegando hasta el extremo de imputar por terrorismo y negarse a aplicar la ley de amnistía por el delito de malversación, pese a la evidente letra de dicha ley. Llegar ahora casi le aseguraba la prisión provisional y que, además, se le ampliaran los cargos a otros delitos graves no cubiertos por la ley de amnistía, lo que le hubiera comportado una larguísima estancia en prisión, desde luego bastante más larga que la que hubiera obtenido de no haber marchado al extranjero en 2017. Con esos nuevos cargos, es posible que ni siquiera el Tribunal Constitucional hubiera podido acudir en su socorro, lo que le hubiera forzado a esperar a un siempre incierto fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Pero ahora, con la evasión del jueves, ha ayudado a consolidar su riesgo de fuga ante cualquier tribunal europeo, puesto que lo sucedido ha trascendido en varios medios de comunicación internacionales. Y ello, desde luego, complica su futuro también en el extranjero. Es curioso que cuando su empeño hubiera debido centrarse en la denuncia de la peligrosísima resistencia del Tribunal Supremo a la ley de amnistía, esperando el fallo del Tribunal Constitucional, haya conseguido centrar toda la atención mundial en una maniobra de escapismo. Y como no es comprensible lo anterior ni procesal ni políticamente, solo cabe deducir que todo obedece a una decisión precipitada de última hora que alteraba un plan previo.

El destino de Carles Puigdemont ahora mismo se convierte en casi imposible. Ahora ya es muy difícil que la justicia española ceje jamás en su empeño de perseguirle, de un modo u otro, y es complicado también, después de lo que acaba de suceder, que encuentre socios en partidos rivales dispuestos a aliviar su situación.

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