Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Astrid Barrio
Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
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La próxima reunión de Sánchez y Aragonès en plenas negociaciones alimenta las expectativas de que se aborde la cuestión de la investidura, por mucho que desde el Govern se haya descartado y se haya atribuido a una coincidencia temporal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès durante una reunión en Moncloa. / DAVID CASTRO
Por un lado, la reunión de la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat que ha permitido acordar una inyección de 1000 millones de euros a Rodalies y de 150 millones anuales a un fondo de investigación, dos de los compromisos pendientes de cumplimiento que ERC ha exigido para proseguir con las negociaciones para la formación de gobierno en Catalunya. Por otro, la asistencia días atrás de la consellera de Economia, Natalia Mas, al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras muchas ausencias de los máximos representantes del gobierno catalán; junto con la reunión prevista para este miércoles entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la que se ha de avanzar en el también pendiente traspaso del Ingreso Mínimo Vital. Son muestras de la recuperación de la normalidad institucional en Catalunya y de la voluntad socialista de despejar el camino hacia la investidura.
Que además el encuentro de presidentes tenga lugar en plenas negociaciones y a pocos días de que expire el plazo dado por los republicanos para formalizar un acuerdo que deberán someter a las bases del partido alimenta las expectativas de que en esa reunión se aborde la cuestión de la investidura, por mucho que desde el Govern se haya descartado y se haya atribuido la reunión a una coincidencia temporal. Así, es más que previsible que en ella se aborde la demanda de financiación singular para Catalunya hecha por ERC y que se ha convertido en piedra angular de un eventual acuerdo entre ese partido y el PSC. Al fin y al cabo esa es una cuestión que no depende del PSC, sino del Gobierno de España, que además es muy consciente de que su propia supervivencia en gran medida también depende de ese acuerdo. Por ello, si la recuperación de la normalidad institucional y el cumplimiento de los pactos ha de celebrarse como una buena noticia no lo es tanto el hecho de que sea fruto más de la necesidad que el resultado de una verdadera cultura de pacto y respeto institucional, aunque quizás esta experiencia sirva de aprendizaje.
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