La contratación pública penaliza el talento

Constatamos una vez más, con frustración y preocupación, como el discurso oficial, por un lado, y la realidad de las prácticas en las contrataciones de servicios profesionales en las administraciones públicas (AAPP), por otro, son manifiestamente divergentes.

El mundo hoy gira alrededor de la competitividad de las economías y estas pasan por los ejes de la tecnología y las personas. O si lo preferís, por la ingeniería y el talento; pues sin estos no hay futuro y, dado el acelerado ritmo en que evolucionan los contextos globales, tampoco presente. No retribuir adecuadamente -ni de manera justa- los profesionales de la ingeniería, por parte de las AAPP, tiene una supuesta ventaja, pero muchos inconvenientes. El hecho que estas consecuencias se hayan analizado y sean conocidas y reconocidas, incluso compartidas con los propios actores de las AAPP y, aun así, no se corrijan las prácticas a que aboca el sistema actual de contratación pública, es frustrante.

La única teórica ventaja que tiene esta praxis es la de un supuesto ahorro de fondos públicos, puesto que, al contratar por un precio menor, se puede pensar que se hacen más cosas con los mismos recursos. Esto es (digámoslo claro) una falacia porque las prácticas de la licitación pública, lo que están generando, en realidad, es una economía 'low cost' que perjudica directa y claramente a la sociedad. La infradotación de las contrataciones deja a los adjudicatarios sin margen para la innovación y sin posibilidades para el descubrimiento de nuevas técnicas más eficientes y competitivas para nuestras empresas -y economía- a escala mundial. También desincentiva a los profesionales, que se ven forzados a buscarse la vida en otras latitudes (con la pérdida de conocimiento, pericia y de dinero -público en gran medida- invertidos a formarlos durante muchos años) a optar entre malvivir o cambiar de actividad.

Si nuestra juventud acaba ganándose mal la vida, no hay ningún aliciente para abrazar estudios difíciles y exigentes. Hoy ya tenemos una falta crónica de ingenieros e ingenieras y un claro descenso de las matriculaciones universitarias en este tipo de disciplinas y, en especial, en el estadio de excelencia que representan los másteres. Una carencia de talento que, probablemente, es la principal preocupación y causa limitante por el crecimiento de nuestras empresas e industrias.

Lo que es más grave es la constatación de que si se retribuyera la ingeniería -como sería justo- de un 5% del coste total de los proyectos a un 10%, homologado en economías similares a la nuestra, se evitaría una buena parte del mal endémico que representan las desviaciones en coste y plazo del total de la obra (que en algunos estudios se cifra de media hasta el 50%) y se daría un alto rendimiento a corto, medio y largo plazo. El mundo lo tiene claro: el talento se paga. La creación de valor, riqueza, pericia, eficiencia y puestos de trabajo, calificados y necesarios para una sociedad avanzada, se paga. Bastante que lo saben nuestros jóvenes ingenieros e ingenieras cuando miran hacia Europa y el mundo.

Quiero hacer una mención y defensa especial de los ingenieros e ingenieras que trabajan en las AAPP, que viven con frustración esta realidad y que, conocedores de los problemas posteriores, miran de revertir las situaciones que se derivan, con coraje y pocas herramientas. Es una irresponsabilidad de la Administración -y de los que lo administran- actuar a sabiendas de los perjuicios que genera y conociendo que la licitación pública es una de las mejores palancas para que el sector privado les acompañe en sus políticas de contratación.

Exigimos una actitud decidida por parte de los políticos al frente de las administraciones para corregir ya esta situación. ¡La contratación pública tiene que cambiar! Sentimos a hablar de la importancia de reindustrializar nuestra economía, de la sociedad del conocimiento, el talento, la innovación, la sostenibilidad y de las oportunidades de la transformación digital, pero los hechos nos demuestran, una vez más, que no se lo creen. Las tarifas horarias de servicios de ingeniería de menos de dos dígitos en licitaciones públicas hacen mucho daño. Para evitar que los convenios de trabajo se conviertan en instrumentos perversos que condenan a los propios firmantes de los pactos, también hay que pedir que las patronales del sector y los sindicatos acuerden convenios a la altura de la situación.

Pedimos medidas concretas y que se nombre un ingeniero en jefe de la Generalitat, hoy inexistente, parecido al del Ayuntamiento de Barcelona. No es una cuestión de corporativismo, ni en beneficio exclusivo de los ingenieros e ingenieras, es por el bien de la ingeniería, las empresas y la sociedad. Se trata de qué país, economía y talento queremos. Así de fácil. Corrijamos los problemas que nos llevan en dirección contraria al progreso, al bienestar y a las sociedades más avanzadas en las que nos reflejamos. Uno por uno, ¡pero hagámoslo con urgencia!