Espía que algo -o mucho- queda

Ni una ni cuatro ni cuarenta veces. La ‘policía política’ del PP accedió hasta en 401 ocasiones a bases de datos en busca de algún indicio para incriminar a Yolanda Díaz. Entre el 2015 y el 2016, con Mariano Rajoy como presidente y Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, se buscó con contumaz ahínco el rastro de hospedajes, desplazamientos o joyas. Pero nada, ni rastro. Es fácil imaginarse a algún capitoste lamentándose por la falta de pruebas. ¿No hay bolsos de Loewe a cargo del erario público? ¿Ni una multa por superar la tasa de alcoholemia? ¿Algún desorden público? ¡Cagüenlaputa!, exclamaría un Torrente de turno. Solo que no, no hace falta imaginarlo. “Cagüenlaputa”, exclamó Francisco Martínez, entonces número dos del Ministerio del Interior, en una conversación con el comisario Enrique García Castaño. Nada contra Díaz ni contra Pablo Iglesias ni contra el resto de esos rojos peligrosos. “Alguno tiene que ser chungo”, afirmaba el político del PP. Cree el ladrón...

El oficio policial que detalla las búsquedas sobre al menos 55 de los 69 parlamentarios que llegaron a tener el partido morado y sus confluencias ya está en manos de Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional. Deberíamos aspirar a que se depuren responsabilidades políticas y penales de esas investigaciones tan execrables como ilegales. Pero ¿se llegará hasta el fondo del asunto? El eco del ‘atado y bien atado’ aún recorre ciertas estancias del poder.

La democracia se debilita ante un magma político, económico y mediático que no tiene ni ética ni vergüenza. Cualquier amenaza a sus dominios es machacada sin piedad. Se busca lo que sea, como sea, que incrimine a los adversarios políticos. Si se encuentra, se filtra a medios amigos. Si no se encuentra, se inventa y se filtra también. Esos medios -algunos ni siquiera merecen ser adscritos al periodismo- se encargan de difundirlo y magnificarlo. El ruido es amplificado por los mismos políticos que lo generaron. Y ya se apela a los jueces. Y ya se inician los mil y un procesos judiciales. La mayoría queda en nada. Qué más da. El objetivo es extenuar, atemorizar, descomponer al contrario. Llámese rojo o independentista o cualquiera que amenace su particular visión del Estado.

¿Qué fuerza tendría hoy Unidas Podemos si nada de esto hubiera ocurrido? ¿Se hubiera disgregado casi hasta la irrelevancia si su imagen no se hubiera vilipendiado un día sí y otro también? ¿Habrían incurrido sus políticos en los mismos errores, en la misma obcecación si no se hubieran sabido vigilados, acosados? ¿Comprendemos el rechazo, la rabia y el resentimiento que esa persecución provoca? No podemos conformarnos. Una democracia amenazada por un magma capaz de mentir, acosar y abusar del poder difícilmente puede ser una democracia plena. El gobierno de Pedro Sánchez tampoco debería conformarse. Para empezar, asegurándose de que en todas las instituciones que controla se han erradicado esas prácticas. Eso, si la particular relación del ministro Grande-Marlaska con la transparencia se lo permite, claro. 

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