Más corresponsabilidad y menos demagogia

El acuerdo alcanzado ayer por el Gobierno del PSOE y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para el reparto voluntario de 400 menores migrantes no acompañados ha supuesto una noticia positiva y un aldabonazo en la política española, por la decisión de Vox de romper sus pactos autonómicos con el PP. La decisión del reparto llega tarde y está muy por debajo de lo que pide el Gobierno de Canarias, que necesita reubicar a 2.500 menores llegados en los últimos meses. Sin embargo, preferimos verla como un primer paso. Se trata de un principio de colaboración positivo entre el PSOE y el PP, que ha aceptado corresponsabilizarse en la distribución de estos menores a pesar del chantaje de Vox. El partido de Santiago Abascal anunció su decisión de romper con los populares -decisión que deberá concretar la dirección del partido-, pese a que el PP se ha limitado a aceptar la distribución de estos 400 menores migrantes solos, sin asumir el principio de obligatoriedad para futuros repartos entre comunidades que propuso el Gobierno. Se trata de un tema que preocupa a la ciudadanía y que suscita mucha demagogia por parte de la extrema derecha europea. Por lo tanto, bueno es que Gobierno y el principal partido de la oposición hayan dado un primer paso que debería extenderse, en el futuro, a la adopción de una nueva ley de extranjería.

España cuenta con 48 millones de habitantes y tiene algo más de 10.000 menores migrantes solos, un dato que debería servir para evitar alarmas como las que exhibe Vox. Nadie niega que la acogida de estos menores supone un quebradero de cabeza para las administraciones locales. Su atención, y su integración, evitando la marginación que puede abocarles a delinquir, es una tarea que requiere recursos, gestión local, leyes y algunos principios. Entre ellos, el de la solidaridad entre autonomías. Se trata de niños y de niñas (sobre todo niños) de entre 12 y 16 años cuya situación está amparada por los convenios internacionales sobre la infancia suscritos por España. No es posible vaticinar que su llegada vaya a reducirse en los próximos años, pese a los esfuerzos de la UE en pro del desarrollo de sus países de origen y la adopción de medidas de contención y seguridad en colaboración con sus gobiernos. En una frontera como la mediterránea, donde la renta per cápita es entre 20 y 40 veces superior en el norte que en el sur (según cómo se calcule), es obvio que estamos ante una cuestión que seguirá formando parte de la agenda europea.  

En consecuencia, sobra la demagogia con la que Vox aborda la cuestión y son necesarios acuerdos de Estado para abordar la dimensión humanitaria del problema y ofrecer un futuro a estos menores. Resolver el problema supone claridad por parte del Gobierno en cuanto al número de menores migrantes y al calendario de su reubicación, y una actitud solidaria por parte de las comunidades autónomas. Ni el PP ni los partidos independentistas catalanes han aceptado asumir la obligatoriedad de una distribución equitativa de los menores. Sin ello, será muy difícil que el acuerdo de hoy se extienda a una nueva ley de extranjería basada en principios de corresponsabilidad, y que fije la asignación de los recursos estatales necesarios a la gestión de los menores. Solo así se conseguirá sustraer su acogida a quienes la utilizan con fines electorales.