Pacto para Ciutat Vella: ¿Para quién? ¿Con quién?

El consenso es, según el diccionario del IEC, un “acuerdo, asentimiento común”, es decir, un pacto acordado por todos los miembros de un grupo. El antónimo del consenso es, pues, un desacuerdo o ruptura. La según la RAE dice que consenso es un "acuerdo adoptado por consentimiento entre todos los miembros de un grupo".

Desde las últimas elecciones municipales, con la llegada del PSC al gobierno de la ciudad, hemos visto como muchos vecinos, vecinas y colectivos del Distrito de Ciutat Vella se quedan sin respuesta en los Consells de Barri y en las audiencias públicas. Hemos visto también como se ha blindado el Plenari reduciendo el aforo y dejando fuera de los órganos de participación y gobernanza los vecinos que resultan molestos. Y hemos visto, en definitiva, como los consensos pretenden construirse excluyendo deliberadamente ciertos colectivos y escuchando solo a un sector que no genera conflictos y con actores escogidos políticamente.

Durante el último año, las políticas impulsadas por el gobierno del PSC en el Distrito central de la ciudad han sido retórica y políticamente una impugnación de las políticas públicas impulsadas desde 2015. La lógica del higienismo urbano, contra la movilidad sostenible, la persecución abierta de la pobreza o la priorización al responder las demandas de quienes no viven en los barrios sino que se lucra de ellos, está en el polo opuesto de entender Ciutat Vella como un distrito residencial. Un distrito que, como el resto de la ciudad, está también atravesado por las tensiones de toda gran ciudad: bolsas de pobreza, economía informal, conflictos de convivencia y otros aspectos que se ven principalmente en el espacio público. La lucha contra la economía criminal es otro cantar y, en esta problemática en cuestión, ninguna fuerza política ni exconcejal del Distrito negará la necesidad de actuar eficazmente.

No obstante, la apuesta por cuidar y articular políticas públicas en un distrito principalmente residencial tiene que ir por otros caminos. Un distrito donde, digámoslo claramente, todavía vive gente y es para esta gente que resiste y se organiza en comunidad para quien tenemos que diseñar las políticas. Esta apuesta pasa para priorizar la vivienda, hacer frente a la masificación turística y, sobre todo, por no montar un Consejo Asesor de un Pacto por Ciutat Vella donde solo hay exconcejales (algunos lo fueron hace más de tres décadas y alguien solo lo ha sido un año) y ni una sola representante de la sociedad civil. Un pacto con un proceso que se salta el reglamento de participación y no anuncia presupuesto asociado. Un pacto que contempla solo tres tristes sesiones de trabajo, en esos ya predeterminados y reuniones bilaterales sin debate colectivo. Un pacto que evita hablar de interculturalidad, racismo, especulación o masificación turística. En resumen, un pacto que claramente apuesta por un consenso solo sobre aquello que le parece aviniendo al partido que gobierna.

El gobierno hace un llamamiento a trabajar por "la recuperación del atractivo " de Ciutat Vella, como si este Distrito fuera un objeto y no un organismo vivo, dinámico y diverso, lleno de vecinos y vecinas que viven, que cuidan unos de los otros, que necesitan protección y con las que se tiene que consensuar el presente y el futuro de sus barrios. Aquello importante no es, con todo, el número de entidades invitadas, sino la diversidad de estas, la capacidad de escuchar e incorporar el disenso y la multiplicidad de los actores al proceso. Entre las entidades que forman parte del pacto hay muchas de gran valor para el Distrito, pero el problema no son ellas sino la pretensión del PSC de construir un pacto desde arriba, consensuado a dedo solo con quien le conviene. Los consensos se construyen incorporando al que te resulta molesto, con la voluntad de escucharlo y entender que, en los conflictos que plantean, hay cuestiones de calado para el vecindario, que amparan y defienden el interés general frente al particular.

El Pacto por Ciutat Vella que hoy se quiere presentar a bombo y platillo no tiene el aval de quien sufre las políticas higienistas y neoliberales del gobierno. Por lo tanto, no es un pacto, sino una ruptura. Nosotros, como exconcejales, no participaremos de la construcción de un pacto precocinado e impuesto cuyos objetivos no compartimos.

Tanto desde los aciertos como desde el reconocimiento de los errores que hemos podido cometer durante los últimos ocho años, estos dos regidores tan inexpertos como implicados en la vida de los barrios, la forma en la que se está gestando este pacto y aquello que quiere conseguir (la excelencia, palabra utilizada para expulsar la pobreza y encimar los intereses de los lobis) no puede recibir nuestro aval. Estaremos siempre dispuestos a contribuir al servicio público, pero no a apoyar ni siquiera simbólicamente a políticas que encubren la expulsión vecinal y la especulación bajo meros eslóganes como este Pacto por Ciutat Vella.