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Albert Sáez

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Director de EL PERIÓDICO

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Núria, Mercè y nosotros

La PAH se moviliza por el suicidio de las dos hermanas antes de ser desahuciadas

La PAH se moviliza por el suicidio de las dos hermanas antes de ser desahuciadas / ZOWY VOETEN

Hay un storytelling dominante forjado por el entorno del autodenominado Sindicat de Llogateres. Son gente que, legítimamente, combaten las bases del sistema económico porque defienden una alternativa que consideran que sería mejor. Nada que objetar. Una de las bases de su argumentación es que la vivienda es un derecho fundamental y debería primarse por delante de otros como el derecho a la propiedad. Este es un silogismo muy parecido al que se plantea en el caso del periodismo entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la intimidad. El Sindicat es una fuente habitual de información de los periódicos de Barcelona. Conocen historias que nadie conoce y, sobre todo, que nadie quiere explicar. Pero, una vez, detectado el hecho, nos toca a los periodistas indagar en la realidad para explicarla.

Elisenda Colell se puso este martes a rastrear la historia de Núria y Mercè, las dos hermanas de un barrio de Barcelona que se suicidaron horas antes del plazo de ejecución de una orden de desahucio. Hasta aquí el flash informativo. Colell ha seguido buscando y ha encontrado la historia de dos mujeres, dos hermanas, una de ellas discapacitada que se quedaron sin ingresos económicos tras la muerte de su madre y, peor aún, se quedaron sin vínculos con su entorno. Son dos personas vulnerables que pasaron por debajo del radar de los servicios sociales posiblemente por un problema vinculado con su salud mental y que acabaron presas del pánico al verse sin vivienda. Las películas hay que conocerlas enteras, no solo por el tráiler que regala el distribuidor. Colell nos ha explicado la película entera, el mejor periodismo. Y sobre los hechos, el análisis de Bárbara Favant. Ahora nos toca abrir un debate más profundo sobre la soledad, el aislamiento y el abandono que no tienen causas solo económicas sino de otra índole. Y dirimir un dilema: ¿deberíamos facultar a los servicios sociales a acceder a un hogar pese a la oposición de sus ocupantes? Expertos en derecho y en atención social deben asesorarnos.

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